La Fiscalía General de Ecuador ha pedido prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este lunes 29 de septiembre de 2025. El mandatario local es investigado en el caso Triple A que lo vincula a una supuesta red de tráfico irregular de combustible.

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Sobre Álvarez ya pesa una medida cautelar relacionada con un grillete electrónico que debe usar, además del impedimento para salir del país mientras se define su futuro judicial.

Para este lunes estaba programada la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro del caso en la que tanto defensa como Fiscalía expusieron sus argumentos. El abogado de Álvarez solicitó que se le retirara el grillete aduciendo que el alcalde ha comparecido a todas las diligencias a las que ha sido citado.

"El tribunal suspende la audiencia –hasta las 16:30– para analizar los argumentos y la documentación presentada por las partes procesales. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 2 procesados por incumplir la medida de presentación periódica", publicó en su cuenta de X el ente acusador.

"Si quieren voy preso"

Recientemente, Aquiles Álvarez se había pronunciado sobre el caso. En efecto, el mandatario había sido citado a la misma audiencia de este lunes 29 de septiembre, pero el lunes del mismo mes. Sin embargo no asistió argumentando una reunión con la Canciller de la República, Gabriela Sommerfield por la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

"La fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia. Piden cambiar medidas y prisión por no “comparecer” a firmar el 1 de septiembre en fiscalía del guayas (...) Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores. Me avisan", escribió en su cuenta de X.

¿Qué es el Caso Triple A?

El Caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados en Ecuador, en la que están implicadas seis empresas y unas 16 personas naturales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La Fiscalía acusa que mediante esa estructura se desviaban combustibles regulados hacia canales no autorizados, generando un perjuicio económico al Estado.

En julio de 2025, un juez aceptó llamar a juicio a los implicados tras considerar que existen indicios suficientes para procesarlos. Como parte de las medidas cautelares, Álvarez fue obligado a portar un grillete electrónico, tiene prohibición de salida del país y debe cumplir con presentaciones periódicas.

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