La tarde del martes 18 de noviembre se realizó, en la Unidad Penal de Guayaquil, la audiencia de formulación de cargos contra dos adultos detenidos por el secuestro extorsivo de una joven de 18 años, ocurrido la madrugada del 16 de noviembre en el sector de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil.

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La víctima fue mutilada durante una videollamada

La crueldad del secuestro quedó registrada en una videollamada. Los delincuentes amputaron uno de los dedos de la joven para presionar a su familia y exigir un rescate cercano a los USD 100.000.

El coronel Juan Carlos Soria, subcomandante de la Zona 8, informó que la alerta llegó a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) en horas de la madrugada. Varios sujetos habrían ingresado de forma violenta a una vivienda en la avenida Casuarina, conocida como la Entrada de la 8, donde robaron pertenencias y se llevaron a la joven, quien recientemente había culminado el bachillerato.

Durante las primeras horas del cautiverio, los secuestradores se comunicaron desde un número internacional, mostraron la amputación mediante videollamada y dejaron un número telefónico para negociar. También sustrajeron celulares y una maleta con prendas de vestir.

Cuatro detenidos: dos adultos y dos menores

El 17 de noviembre, cerca de las 11:30, agentes de la Unase Guayas, con apoyo táctico del GIR, realizaron intervenciones simultáneas que permitieron la aprehensión en flagrancia de cuatro implicados, todos ecuatorianos:

• Jesús Roberto Ponce Saltos, 19 años

• Luis David Loor Silva, 31 años

• Un adolescente de 15 años

• Un adolescente de 16 años, (los dos menores son hermanos).

Uno de los menores habría sido quien amputó el dedo de la víctima, según las primeras investigaciones.

Adultos con prisión preventiva; menores, a internamiento institucional

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía imputó a Ponce Saltos y Loor Silva por secuestro extorsivo, delito sancionado con pena privativa de libertad de 12 a 16 años, que podría aumentar hasta un tercio por agravantes como tortura física y violencia, contemplados en los numerales 9 y 10 del artículo 162 del COIP.

El juez calificó la detención como flagrante y ordenó prisión preventiva, al considerar que los procesados no demostraron arraigo social y que se cumplen los requisitos legales. La instrucción fiscal durará 30 días.

Por su parte, los dos adolescentes fueron sometidos a internamiento institucional preventivo, también por secuestro extorsivo. Su proceso tendrá el mismo plazo de instrucción.

Medidas de protección y cambio de juez

En la audiencia se dispusieron medidas de protección a favor de dos personas relacionadas con la denuncia.

El juez a cargo se inhibió de continuar con la causa, que será sorteada a un magistrado no flagrante para su sustanciación. Las partes quedaron notificadas al cierre de la diligencia.

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