Crimen de alias Marino en Mocolí: revelan quién alquiló la cancha y qué se sabe de los sicarios
La Policía advirtió que, de no haberse tratado de un ataque selectivo, la tragedia habría sido mayor. El presunto cabecilla de Los Lagartos trató de escapar
Tras el triple crimen, la Policía llegó al lugar para realizar el procedimiento correspondiente.
Mientras la Policía realizaba el procedimiento en la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón, por el triple crimen ocurrido la noche del miércoles 7 de enero, un ciudadano que se identificó como Andrés Vélez se acercó de manera apresurada a los uniformados para conocer qué había sucedido y confirmar si su hijo, quien se encontraba entre los jugadores, estaba a salvo.
Así lo informó a este Diario el coronel Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón.
El jefe policial explicó que Vélez indicó haber alquilado la cancha deportiva, aunque aclaró que no la cedió directamente a las personas asesinadas, sino a una tercera persona que solía arrendar el espacio.
“Hasta donde tenemos conocimiento por el procedimiento policial, al lugar ingresaron aproximadamente 18 personas. Un grupo se quedó en el ingreso de la segunda garita, mientras los demás ingresaron a la cancha y obligaron a todos los presentes a lanzarse al piso. Luego procedieron a reconocer a sus objetivos. Alias Marino intentó escapar por una esquina, pero no lo logró. Las otras dos personas fallecidas eran sus guardaespaldas”, explicó el coronel Egas.
El oficial añadió que se trató de un ataque selectivo y que, de no haber sido así, el hecho pudo convertirse en una masacre. “Por suerte fue un ataque dirigido a objetivos específicos. De haber disparado contra todos, estaríamos hablando de una tragedia mayor, como las registradas en el sur y noroeste de la ciudad”, señaló.
Durante el levantamiento de indicios, la Policía encontró armas de fuego tipo fusil y municiones de calibres 9 milímetros y 5.56 (.223).
Las víctimas mortales fueron identificadas como Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos; Jefferson Xavier Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara.
George Samir Maestre Mena, alias Samir fue asesinado el 12 de octubre de 2023, mientras que Stalin Olivero fue abatido el 7 de enero de este año.
El jefe policial indicó que, tras el ataque, los sicarios huyeron en dos vehículos: un automóvil Changan dorado y una camioneta D-MAX blanca, los cuales fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta fue dejada en el lugar del crimen.
“Inicialmente, algunos guardias indicaron que varios sospechosos corrieron hacia el río Mocoy, ubicado a unos 100 metros de la cancha. Sin embargo, tras un barrido táctico completo, la Policía no encontró armas, huellas ni otros indicios, por lo que esa versión no fue confirmada”, indicó el oficial.
Los sicarios huyeron en dos vehículos, un automóvil Changan color dorado y una camioneta D-MAX blanca, que posteriormente fueron abandonados en Daule. Una tercera camioneta quedó en el sitio del crimen.
Otra fuente policial señaló que, de acuerdo con información preliminar, Andrés Vélez habría salido del país, aunque aclaró que se trata de datos que aún están en proceso de verificación.
“No podemos certificar si salió o no del país. Lo que sí se conoce es que fue la persona que alquiló la cancha. En cuanto a que los atacantes hayan sido policías o militares, eso es falso. Se trataría de delincuentes que utilizaron vestimenta similar para cometer el crimen, pero no corresponde a ningún procedimiento de las fuerzas del orden”, aclaró la fuente.
Sobre este punto, Kleber Carrión, experto en seguridad y exmiembro de Inteligencia de la Policía, advirtió que no se puede descartar la participación de policías o militares en estructuras criminales, debido a que integrantes de las fuerzas del orden han sido reclutados por bandas delictivas, atraídos por el poder económico de estas organizaciones y por las deficiencias salariales y logísticas del Estado.
El analista señaló que uno de los principales problemas es la falta de regulación en el uso de uniformes e insignias policiales y militares, lo que ha generado un vacío legal tras la derogatoria del artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta ausencia normativa permite que cualquier persona se vista como agente del orden sin que exista un delito tipificado, lo que —según Carrión— fortalece la inseguridad ciudadana.
“Hoy no se puede distinguir con claridad quién es un policía verdadero y quién no. Todo se copia: uniformes, motocicletas y vehículos. Eso genera miedo y confusión en la población”, explicó.
El hecho violento se registró en este sector de Samborondón la noche del miércoles.
Carrión advirtió además que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras parapoliciales y paramilitares, con procedimientos similares a los de la Policía Nacional, lo que evidencia una evolución del crimen organizado y eleva el nivel de violencia.
Finalmente, sostuvo que el Estado ha fallado en implementar mecanismos tecnológicos y de control, como sistemas de identificación o trazabilidad de uniformes, que permitirían detectar el mal uso y evitar la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad.
Para Daniel Pontón, académico y especialista en temas de seguridad, no es inusual que exmilitares o expolicías terminen vinculados al crimen organizado en países como Ecuador, un fenómeno ya observado en contextos como México y Colombia. Sin embargo, en muchos casos —aclara— no se trata necesariamente de exagentes, sino de delincuentes que utilizan uniformes y simbología militar o policial como camuflaje para evadir controles y ganar legitimidad.
Pontón advirtió que lo más preocupante es la facilidad con la que estas organizaciones acceden a uniformes oficiales, lo que evidencia una grave falta de cultura y control en materia de seguridad. “Cualquier persona puede adquirir un uniforme militar o policial y circular como autoridad, lo cual convierte al uniforme en un arma”, señaló.
El especialista alertó además sobre la infiltración del crimen organizado en espacios privados, como urbanizaciones, empresas o clubes exclusivos, un fenómeno similar al vivido en Medellín en los años noventa, donde el narcotráfico logró integrarse social y económicamente bajo procesos de movilidad social y aceptación cultural.
Finalmente, cuestionó la ausencia de controles estrictos, trazabilidad y protocolos claros para la fabricación, distribución y uso de uniformes, así como la falta de protección a operadores de justicia y debilidad institucional, factores que —según indicó— profundizan la sensación de inseguridad y normalizan la penetración del crimen en la sociedad.