Perdonar, una palabra que parece frágil, se ha convertido en un símbolo de lucha, fe y fortaleza para los padres de los cuatro menores capturados por militares y hallados asesinados en un manglar de Taura, en Guayas: Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

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A pocos días de cumplirse un año de su desaparición, y mientras se desarrolla la audiencia de juzgamiento contra los 17 militares procesados por desaparición forzada, las familias reviven un dolor que jamás se ha ido.

Los rostros de los padres reflejan cansancio, tristeza y fe. Ronny Medina, padre de Steven, de 11 años, y Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, de 15 y 14, respectivamente, confiesan que la herida sigue abierta. Ningún amanecer les ha devuelto la paz desde aquella noche del 8 de diciembre de 2024.

“Yo, con todo el dolor del alma, los perdono; pero siempre le pido a Dios que haga justicia por todo el sufrimiento que aún seguimos viviendo”, expresa Medina, con voz entrecortada.

Arroyo, con Biblia en mano, asegura que su fe como cristiano evangélico es lo único que le ha permitido no derrumbarse. Dice que no guarda rencor, pero confía en que la justicia humana también cumpla su deber.

“Dios los perdone por lo que hicieron con mis hijos. Mi corazón tiene un gozo que solo me lo ha dado mi Padre, el que está en el Reino de los Cielos. Él nos mantiene de pie y nos da fortaleza cada día para seguir adelante. Es duro vivir lo que estamos viviendo; no crea que es fácil, hay que pasarlo para entenderlo”, manifiesta.

Ambos padres, cabezas de familia, han tenido que pedir permiso en sus trabajos para asistir a las audiencias que se desarrollan desde el 5 de noviembre. Lo hacen con el peso del dolor en el pecho, pero también con la esperanza de escuchar algún día la palabra “culpables”.

 “En mi trabajo entienden la situación que estamos viviendo y me han dado permiso por unos días”, comenta Medina, consciente de que buscar justicia también implica sacrificios.

Quedaron marcados

El caso no solo dejó heridas profundas en los padres, sino también en los hermanos de las víctimas.

“Todo ha cambiado en nuestras vidas. Mi hija Akira está sufriendo mucho, aún no asimila lo que pasó con sus hermanos. Está mal académicamente y necesita ayuda psicológica. Estamos muy preocupados por ella”, lamenta Arroyo.

El inicio de la tragedia

El 8 de diciembre de 2024 los cuatro menores habían salido a jugar fútbol en unas canchas del sur de Guayaquil. A las 20:00, cuando regresaban a casa, habrían sido interceptados por 16 militares a bordo de dos camionetas.

De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes fueron trasladados hasta un sector desolado de Taura, donde presuntamente fueron abandonados.

Horas después, Luis Arroyo recibió una llamada que le “heló la sangre”: le dijeron que sus hijos y sus amigos estaban en Taura. Minutos más tarde, otro mensaje le advirtió que “la mafia se los llevó”. Desde entonces comenzó una búsqueda desesperada que terminó en horror: los cuerpos fueron hallados mutilados, calcinados y en avanzado estado de descomposición.

Detalles del proceso judicial

De los 17 procesados, 16 cumplen prisión preventiva y uno, el coronel Juan Francisco Iglesias, enfrenta medidas sustitutivas.

“Iglesias está acusado de cómplice, no de autor, debido a que presuntamente tuvo conocimiento del operativo ejecutado por sus subordinados, sin haberlo reportado a la Fiscalía ni a la Policía Nacional”, explicó Christian Fared, fiscal del caso.

Durante la audiencia de juicio, los peritos forenses expusieron los resultados de las autopsias, que determinaron que los cuerpos fueron calcinados y mutilados, lo que impidió establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, las pericias sí confirmaron la existencia de violencia extrema y signos de tortura.

“Las experticias forenses aplicaron los protocolos de Estambul y Minnesota, que buscan determinar la existencia de tortura y violencia en las víctimas. En varios restos óseos se hallaron trayectorias de proyectiles de arma de fuego, especialmente a nivel frontal y occipital. Los cuerpos fueron manipulados y quemados para eliminar evidencias”, detalló el fiscal.

Los peritos también explicaron que los adolescentes recibieron golpes mientras aún estaban con vida y que en los restos óseos se encontraron trayectorias de proyectiles, lo que confirma que las muertes fueron violentas. Además, dos de los cuerpos presentaban signos de desmembramiento.

El fiscal explicó que una pericia sociológica presentada ante el tribunal señaló que las mutilaciones e incineraciones podrían responder a patrones utilizados por estructuras del crimen organizado para eliminar evidencias y sembrar terror, “prácticas que se han registrado con frecuencia en zonas de alto riesgo en la provincia del Guayas”.

Según el fiscal Fared, a cargo de la investigación por desaparición forzada, el proceso podría extenderse hasta el 18 de noviembre; sin embargo, por la cantidad de testigos y peritos —más de 150—, es probable que se prolongue hasta finales de mes.

Finalmente, el funcionario judicial indicó que, además del proceso por desaparición forzada, la investigación por asesinato continúa abierta en una unidad especializada de Quito, aunque se encuentra en fase reservada y sin mayores avances conocidos hasta el momento.

Penas que podrían enfrentar

El delito de desaparición forzada está sancionado con penas de 22 a 26 años de prisión, según el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, por tratarse de menores de edad y por el número de víctimas, la condena podría aumentar hasta 36 años de cárcel.

Mientras el proceso avanza, los padres regresan cada noche a sus hogares con el alma exhausta, pero sin perder la esperanza. En sus oraciones piden justicia y fortaleza para continuar.

“Nuestros hijos ya están con Dios, pero nosotros seguimos aquí para que el mundo sepa la verdad. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el odio… pero seguir exigiendo justicia”, expresó emotivo Luis Arroyo.

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