Por tercer día consecutivo, en la Unidad Penal del Complejo Judicial Albán Borja, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de 17 militares procesados por el delito de desaparición forzada en el caso conocido como Los Cuatro de Las Malvinas, relacionado con la muerte de cuatro menores de edad en diciembre de 2024.

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La diligencia se instaló el miércoles 5 de noviembre y, según el cronograma judicial, está previsto que concluya el próximo 18 de noviembre. Sin embargo, este viernes 7 de noviembre, por segundo día consecutivo, un nuevo incidente interrumpió el desarrollo de la audiencia.

Esta vez, un corte de energía eléctrica en el complejo judicial provocó la falta de conexión a internet, lo que impidió iniciar las audiencias a la hora prevista, las 08:00.

El servicio eléctrico se restableció alrededor de las 10:00, y la conexión a internet unos 10 minutos después, permitiendo que las diligencias se reanuden de forma progresiva.

Las razones detrás de la suspensión de la audiencia

Un funcionario judicial, que también debía celebrar una audiencia esa mañana, comentó a este Diario: “Aquí se especuló que la falla estaba relacionada con el caso Las Malvinas y el juzgamiento de los militares, pero en realidad afectó a todo el sistema. Nadie podía conectarse y varias audiencias se retrasaron”, explicó el servidor del Ministerio Público.

Entre las 08:00 y las 10:00, estaban programadas 14 audiencias, incluida la del caso Las Malvinas. En total, durante la jornada se preveía realizar 32 diligencias, entre juicios, reinstalaciones y audiencias preparatorias.

El jueves 6 de noviembre, otro imprevisto también retrasó las actividades judiciales: una alerta de bomba registrada a las 09:10 obligó a evacuar temporalmente las salas. Agentes especializados de la Policía Nacional acudieron al sitio para verificar la amenaza, que había sido enviada mediante un mensaje de WhatsApp a una funcionaria judicial.

El caso de los Niños de Las Malvinas

El caso de los Cuatro de Las Malvinas se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores de edad, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, fueron interceptados por militares en el sur de Guayaquil y posteriormente abandonados en una zona desolada de la parroquia Taura, en la provincia del Guayas.

Sus cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar de difícil acceso. Por estos hechos, 17 miembros de las Fuerzas Armadas enfrentan cargos por desaparición forzada, delito que según la Fiscalía implica la privación ilegal de libertad por parte de agentes del Estado.

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