Desde el miércoles 5 de noviembre de 2025 se desarrolla en Guayaquil la audiencia de juzgamiento contra 17 militares procesados por el denominado caso Los Cuatro de Las Malvinas, relacionado con la muerte de cuatro menores de edad cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la parroquia Taura, provincia del Guayas.

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El fiscal Christian Fared, quien lleva la acusación, explicó que 16 de los procesados cumplen prisión preventiva, mientras que el teniente coronel Juan Francisco Iglesias, vinculado posteriormente al caso, enfrenta medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía.

El origen del caso

El hecho que conmocionó al país ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores —Josué, Ismael, Nehemías y Steven— fueron subidos a patrullas militares en los alrededores de un centro comercial ubicado en el sur de Guayaquil.

De acuerdo con las versiones recabadas, los adolescentes fueron trasladados hasta una zona desolada de la parroquia Taura, donde habrían sido abandonados.

El 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados calcinados y mutilados en un manglar de difícil acceso, al que solo se podía llegar por vía fluvial.

Seis días después, el 31 de diciembre, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a los cuatro menores desaparecidos.

El origen del caso

Durante los primeros días de audiencia, el Tribunal ha escuchado los testimonios de los padres de las víctimas, así como los informes de peritos forenses e investigadores.

Una de las peritos médico-legal quien realizó el protocolo de autopsia de los cuerpos, relató ante los jueces las condiciones en que fueron encontrados: calcinados, mutilados y en avanzado estado de descomposición.

La experta indicó que no fue posible determinar con certeza la causa exacta de la muerte, debido al deterioro de los cuerpos y la ausencia de órganos internos, aunque sí estableció que la manera de muerte fue violenta.

“Los cuerpos presentaban trayectos compatibles con proyectiles de arma de fuego en la zona frontal y occipital, pero no se pudo definir si estos disparos fueron antes o después de la muerte, debido al estado en que fueron hallados”, explicó la perito.

El fiscal Fared señaló que los peritajes también evidencian manipulación de los cuerpos para eliminar rastros o evidencias, lo que dificulta establecer una conclusión definitiva sobre la mecánica de las muertes.

Situación de los procesados

De los 17 militares procesados, 11 se encuentran recluidos en la cárcel de Latacunga, 5 en el centro penitenciario de Quito, y el coronel Iglesias participa en las audiencias de forma telemática desde la oficina de su abogado defensor.

El fiscal precisó que Iglesias no fue parte directa del operativo en el que los menores fueron aprehendidos, pero habría tenido conocimiento posterior de los hechos y habría ordenado un procedimiento irregular sin autorización fiscal ni coordinación con la Policía Nacional.

Calificación del delito

Fared aclaró que los hechos investigados corresponden al delito de desaparición forzada, que implica la privación de libertad por agentes del Estado, seguida de la negativa a informar sobre el paradero de las víctimas.

Según la Fiscalía, los menores fueron detenidos sin orden judicial, trasladados sin justificación, golpeados y desnudados, y finalmente abandonados en una zona de alto riesgo, lo que derivó en su muerte.

“Dejarlos en un sitio así —desnudos, en una zona roja y pantanosa— era prácticamente condenarlos a morir”, expresó el fiscal.

Próximas diligencias

La audiencia de juzgamiento continuará hasta el 18 de noviembre, aunque por la gran cantidad de testigos y peritos convocados —más de 150—, se prevé que el proceso se extienda hasta finales de mes.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena máxima por desaparición forzada puede llegar a 26 años de prisión, pero con agravantes, como el número de víctimas y su condición de niños, la sanción podría alcanzar hasta 36 años.

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