En el marco del juicio por la desaparición forzada de cuatro menores en Las Malvinas, el testimonio del padre de Josué e Ismael Arroyo reveló uno de los momentos más conmovedores del proceso judicial.

Según relató ante el tribunal, la última comunicación con sus hijos ocurrió la noche del 8 de diciembre de 2024, minutos después de que fueran detenidos por una patrulla militar. Josué, de 14 años, logró realizar una llamada telefónica a su padre desde una zona rural de Taura, donde los menores habían sido trasladados por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

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En esa llamada, el adolescente denunció que “los militares” los habían golpeado y abandonado en el lugar. También envió su ubicación por mensaje, lo que permitió a la familia rastrear el sitio donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos calcinados de los cuatro menores.

Fiscalía presenta 170 pruebas para demostrar culpabilidad

Este testimonio forma parte de las más de 170 pruebas que la Fiscalía ha presentado para demostrar la responsabilidad penal de los 17 militares procesados. Entre los elementos figuran reconstrucciones de hechos, peritajes forenses, informes de telecomunicaciones y testimonios de familiares, investigadores y peritos.

La Fiscalía sostiene que los menores fueron detenidos sin notificación al ECU 911 ni respeto a sus derechos constitucionales. Posteriormente, habrían sido sometidos a tortura, desnudamiento y disparos en la cabeza antes de ser incinerados en el sector conocido como Casa de Zinc, en Taura.

El juicio, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Guayaquil, podría extenderse por varias semanas debido al volumen de pruebas y testimonios. Las familias de las víctimas, acompañadas por organizaciones de derechos humanos, esperan que se emita una sentencia antes de fin de año.

Hubo una alerta de bomba en el Complejo Judicial

A las 09:10 de este jueves 6 de noviembre se registró una alerta de bomba en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. Según el reporte preliminar, una llamada y mensajes enviados por WhatsApp a la coordinadora del Tribunal de Garantías Penales advertían: “No estamos jugando, hay dos bombas, las vamos a explotar”.

Ante la amenaza, la funcionaria notificó de inmediato al ECU 911, que coordinó la llegada de las unidades especializadas y de los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes realizaron un barrido completo en las áreas internas y externas del complejo.

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