Muerte de 'Frenillo' evidenció inseguridad y falta de control de Airbnb en edificios de Guayaquil

En sectores que durante años fueron sinónimo de exclusividad, orden y seguridad, como Puerto Santa Ana, en Guayaquil, empieza a instalarse una sensación incómoda, difícil de medir pero cada vez más evidente, la incertidumbre de no saber quién vive realmente al otro lado de la pared.

No es una percepción aislada ni un temor infundado. Es el resultado de una transformación silenciosa que ha ido cambiando la lógica de los edificios residenciales: la llegada masiva de alquileres temporales, el incremento de la rotación de inquilinos y la imposibilidad práctica de ejercer controles efectivos sobre quién entra y quién sale.

“Antes podías identificar a casi todos”, dice Anny Calvache, residente de uno de estos edificios, mientras describe una realidad que, según cuenta, cambió en pocos años. “Ahora hay mucha rotación… ves gente entrando y saliendo que no reconoces, especialmente en ciertos departamentos”. Su testimonio no es alarmista, es descriptivo. Pero en esa descripción hay una señal clara, la convivencia dejó de ser predecible.

Y esa pérdida de control tiene consecuencias concretas. “Me molesta que haya departamentos que se usan con Airbnb… no sabemos quiénes son las personas ni de dónde vienen”, afirma. La incomodidad, sin embargo, va más allá del ruido o las molestias cotidianas. “Todos los fines de semana hay ruido constante… pero el problema es que son desconocidos, no vecinos. No sabes cómo reaccionar si hay un problema”, explica.

En su caso, la percepción de seguridad se ha erosionado progresivamente. “Me siento relativamente segura, pero no como antes… incluso he pensado en mudarme por la tranquilidad”, admite. La frase resume una tensión cada vez más común en estos espacios: vivir cómodo, pero no del todo tranquilo.

Una vulnerabilidad que no es casual

Para el criminólogo John Garaycoa, lo que ocurre no es una falla puntual del sistema, sino una consecuencia directa de cómo está estructurado. Su análisis es contundente y no deja mucho espacio para el optimismo fácil.

“La seguridad nunca es absoluta… nada es 100% seguro”, afirma. Pero va más allá. “Si alguien se propone vulnerar un sistema, es cuestión de tiempo y estrategia”.

Garaycoa insiste en que muchas de las medidas que hoy generan sensación de seguridad -cámaras, accesos electrónicos, guardias- funcionan tanto para quienes buscan protegerse como para quienes buscan ocultarse. “Los elementos de seguridad benefician al bueno y al malo… no hay que sorprenderse por eso”, advierte.

El punto más crítico, según explica, es el modelo de ocupación. “Quien alquila no es quien vive… eso rompe cualquier lógica de control”, señala. Y lo dice sin rodeos: “Es altamente probable que quien está dentro no sea quien firmó el contrato”.

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Ese mecanismo abre la puerta a un escenario difícil de detectar incluso para administraciones organizadas. “El delincuente no va a dar la cara… nunca va a ir a una reunión de residentes, nunca va a exponerse”, añade.

Y deja una frase que resume la dimensión del problema. “Podemos estar durmiendo con nuestro enemigo y no lo vamos a saber”.

El crimen también se adapta

El experto en seguridad Fernando Carrión aporta una lectura complementaria, pero igual de preocupante. Según explica, el fenómeno no puede entenderse sin mirar la evolución del crimen en el país.

“El país ya no tiene espacios seguros”, afirma, marcando un quiebre con la percepción tradicional de zonas “blindadas”.

Lo que antes se consideraba una barrera -el alto costo de acceso a ciertas zonas- hoy ya no lo es. “Las economías criminales tienen recursos suficientes… pueden comprar o alquilar donde quieran”, sostiene.

Carrión describe cómo este cambio ha modificado el uso de los espacios residenciales. “Antes se alquilaba para vivir… ahora se alquila también para hacer inteligencia o para cumplir funciones dentro de estructuras criminales”, explica.

En ese contexto, las plataformas digitales juegan un papel clave. “El alquiler a través de aplicaciones tiene menos control… y eso facilita este tipo de dinámicas”, añade.

Controles que existen… pero no alcanzan

Desde dentro de los edificios, la realidad confirma estas advertencias. Un extrabajador de oficinas en la zona lo describe con una mezcla de normalidad y sorpresa.

“No registraban a nadie… los guardias estaban, pero no controlaban realmente”.

El sistema, según explica, se basa en accesos electrónicos que terminan siendo una puerta abierta. “Si tienes tarjeta puedes hacer ingresar a cualquier persona… no es necesario anunciarla”, afirma.

Esto convierte el control en una formalidad más que en una barrera real. “No revisaban bolsos ni verificaban identidad… simplemente entraban”, añade.

Administrar el riesgo sin herramientas

Para quienes administran estos espacios, la situación es aún más compleja. Un administrador de un edificio ubicado dentro de una urbanización privada describe un escenario lleno de limitaciones.

“No podemos prohibir que alguien entre a su propiedad… eso es un derecho”, explica. Pero inmediatamente reconoce el problema.“Eso significa que el control es limitado”.

El sistema de registro existe, pero tiene grietas. “Pedimos cédulas, información… pero si alguien compra a nombre de otra persona o empresa, ya no hay cómo saber quién está realmente”, señala.

Y luego vienen los casos que marcan la diferencia entre teoría y realidad. “Hemos tenido allanamientos… han sacado personas vinculadas a organizaciones delictivas”.

El administrador relata episodios que evidencian la vulnerabilidad del sistema. “Una vez entró un vehículo perseguido por la Policía… ingresó con un código QR de un residente. Yo sé quién es”.

Esa afirmación —“yo sé quién es”— no es menor. Refleja una realidad incómoda: dentro de estas comunidades hay sospechas, hay información, pero no siempre hay acción. El miedo pesa más que la denuncia.

Además, este tipo de accesos, basados en tecnología, no garantizan seguridad. “El QR está ligado a un número, pero no asegura quién es la persona”, explica. Y añade un punto clave en la cadena de responsabilidad. “Cada residente es responsable de las personas que deja ingresar”.

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Airbnb: entre el negocio y el riesgo

El alquiler temporal aparece como uno de los puntos más críticos. “Tenemos departamentos que se alquilan por días… y eso genera problemas constantes”, señala el administrador.

Las consecuencias son visibles: “Hacen fiestas, generan molestias, entran y salen personas todo el tiempo… y no hay forma de controlarlo”. Pero el problema de fondo es otro. “No sabemos quiénes son… ni qué hacen… y no podemos impedir que entren”, insiste.

Intentar regularlo genera resistencia. “Los propietarios reclaman… dicen que es su derecho alquilar”, explica.

Actualmente, según detalla, se trabaja en la elaboración de un reglamento interno para establecer controles más estrictos sobre alquileres y transferencias de dominio. Sin embargo, advierte que esto no es suficiente sin respaldo legal. 

“Necesitamos que el Municipio emita una ordenanza que nos permita exigir información más completa, verificar antecedentes y conocer el origen de los fondos”, señala. Sin ese marco, cualquier intento de control queda limitado a acuerdos internos difíciles de aplicar.

Miedo y silencio

Más allá de las normas, hay un factor que condiciona todo: el miedo. “Nos da temor… no sabemos con quién estamos tratando”, admite el administrador.

Esa sensación explica por qué muchas veces no se denuncian situaciones sospechosas. “Nadie quiere meterse… porque no sabes quién puede ser”, agrega.

Y hay antecedentes que refuerzan ese temor. El propio administrador reconoce que conocen casos extremos: “Hemos sabido de personas vinculadas a alquileres que han aparecido descuartizadas… o propietarios que siguen arrendando a gente sospechosa pese a advertencias”. Historias que circulan en voz baja, pero que alimentan la percepción de riesgo y el silencio colectivo.

Una solución que aún no llega

Las propuestas existen, controles más estrictos, verificación de antecedentes, regulación del alquiler temporal. Pero todas chocan con límites legales y falta de coordinación.

Carrión lo plantea como un problema estructural: “Se necesita una alianza entre Estado, municipios y sector privado”.

En esa misma línea, desde la administración de edificios se insiste en la urgencia de una intervención municipal. La solicitud es clara, ordenanzas que permitan regular el alquiler, exigir transparencia en la identidad de los ocupantes y establecer mecanismos de control similares a los que existen en el sistema financiero sobre el origen de los recursos. Sin ese respaldo, advierten, la seguridad seguirá dependiendo de esfuerzos aislados.

Garaycoa insiste en que el rol ciudadano es clave, pero insuficiente. “Podemos ayudar… pero el control real le corresponde al Estado”.

Vivir entre desconocidos

Mientras tanto, la realidad continúa avanzando más rápido que las respuestas institucionales.

En las últimas semanas, un operativo policial en una de las zonas más exclusivas de Guayaquil reveló que un objetivo de alto valor para las autoridades —alias Fenillo, considerado cabecilla de una organización criminal— se ocultaba en un departamento dentro de un edificio residencial, donde finalmente murió al intentar evadir su captura.

El caso no solo expuso la presencia de estructuras delictivas en espacios tradicionalmente considerados seguros, sino también la facilidad con la que pueden integrarse en entornos residenciales sin ser detectadas. De hecho, las investigaciones posteriores evidenciaron que en el inmueble intervenido se encontraron armas, dinero y otros indicios de actividades ilícitas.

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Este episodio se suma a otros registrados en urbanizaciones privadas y conjuntos residenciales del país, donde operativos policiales, ataques armados o incursiones violentas han ocurrido dentro de viviendas o complejos cerrados, evidenciando que estos espacios ya forman parte del mapa operativo del crimen organizado.

En ese contexto, la dinámica de los llamados “barrios verticales” plantea un desafío creciente, estructuras pensadas para ofrecer seguridad que, en la práctica, pueden ser utilizadas como refugio temporal, punto logístico o zona de bajo perfil para actividades ilegales.

Así, más allá de la percepción, los hechos comienzan a delinear una realidad concreta, los residentes conviven cada vez más con personas cuya identidad, historial o propósito dentro del edificio resulta desconocido.

Porque en estos nuevos entornos urbanos, la discusión ya no se limita a si existen guardias, cámaras o accesos controlados. La pregunta de fondo es otra: quién -realmente- está viviendo allí.