Un ciudadano acusado de dirigir una red de explotación sexual de menores de edad fue capturado el 26 de octubre en Guayaquil y será juzgado por explotación sexual de personas, un delito por el cual podría recibir una condena de hasta diecinueve años de prisión.

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La aprehensión se dio luego que el padre de una menor de edad reportara la desaparición de su hija de 17 años, quien tenía cinco días sin ubicación conocida. Con la denuncia, agentes de la Fiscalía de Flagrancia y de la Unidad de Investigaciones contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional iniciaron la investigación.

Las indagaciones permitieron determinar que la joven se encontraba encerrada en un domicilio ubicado en el sector de Sauces 6, al norte de Guayaquil. Con una orden judicial, se realizó el allanamiento del inmueble, donde se realizó el hallazgo de la existencia de la red de explotación sexual.

Durante el operativo de aprehensión, se liberaron a cinco mujeres, incluida la menor, que estaban siendo obligadas a prostituirse, las cuales fueron llevadas a un centro de salud para recibir atención médica y psicológica.

¿Cómo eran engañadas las víctimas de la red explotación sexual?

Las víctimas, que tienen edades de entre diecisiete y veintiséis años, contaron que fueron captadas con engaños, con promesas de trabajar como modelos, pero que una vez que ingresaron al sitio donde se supone que trabajarían, eran retenidas y luego obligadas al trabajo sexual en varios departamentos ubicados en Sauces 2 y 6.

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Al interior de la vivienda se encontraron como indicios del delito preservativos, indumentaria usada por las víctimas, siete teléfonos celulares y documentación relacionada, los cuales fueron presentadas como evidencias durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Luego de avocar conocimiento de los testimonios y la existencia de los indicios mencionados, el juez encargado de la diligencia acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para el acusado, durante los treinta días que tendrá la Fiscalía para realizar la investigación del caso.

El artículo 100 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de explotación sexual de personas de la siguiente manera: “La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”.

Sin embargo, cuando el delito se lleva a cabo contra adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, la sanción se agrava hasta los 19 años de reclusión.

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