Polémica en Uruguay por capacitación a trabajadoras sexuales para discapacitados

Un grupo de trabajadoras sexuales en Uruguay se capacita para atender a personas con discapacidad, en una iniciativa que promueve derechos, inclusión y bienestar emocional. El proyecto, liderado por la activista Karina Núñez, también ha generado debate social y críticas en redes.

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Inclusión y sexualidad: una propuesta que rompe barreras

No es una iniciativa convencional. En un ámbito históricamente atravesado por estigmas, un grupo de trabajadoras sexuales decidió formarse durante meses para ofrecer un servicio distinto: acompañar a personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos.

El proyecto, que nació en 2022, trabaja hoy con decenas de usuarios con distintas condiciones, entre ellas síndrome de Down, esquizofrenia, paraplejia, amputaciones y síndrome de Asperger.

Capacitación especializada y acompañamiento interdisciplinario

La formación no es improvisada. Según explicó Karina Núñez, el proceso de capacitación dura ocho meses e incluye apoyo de profesionales de la salud.

En casos de limitaciones físicas, “un fisioterapeuta le enseña posiciones, para evitar que la experiencia le cause una nueva lesión”. Mientras que, cuando se trata de trastornos mentales, se recurre “a un orientador” que brinda asesoramiento específico.

Además, se acondicionó un espacio que garantiza accesibilidad y privacidad, adaptado a las necesidades de cada participante.

Un enfoque de derechos en medio de resistencias

En declaraciones a Radio Impacto, Núñez explicó que el objetivo es abordar la sexualidad desde una mirada integral: inclusión, bienestar emocional y derechos, en un contexto donde —advirtió— aún persisten barreras sociales y familiares.

El proyecto también incluye talleres de sensibilización dirigidos a familias, especialmente a madres, quienes muchas veces enfrentan dudas o prejuicios frente al tema.

Costos, acceso y mecanismos alternativos

El acceso a estos servicios tiene un costo base de alrededor de 2.000 pesos por sesión, con una duración aproximada de 20 minutos, aunque puede variar según cada caso.

Para facilitar la participación, en algunas situaciones se han implementado mecanismos de intercambio vinculados a programas sociales.

Resultados que se reflejan en la vida cotidiana

Más allá del debate, Núñez asegura que los efectos son visibles. Algunas familias han reportado una reducción en los niveles de estrés y ansiedad, así como mejoras en la convivencia.

En ciertos casos, incluso se ha registrado una disminución en el uso de ansiolíticos, un dato que refuerza el impacto del acompañamiento.

Una brecha persistente y un avance limitado

La activista también señaló una desigualdad histórica en el acceso a estos servicios. Hasta ahora, quienes podían acceder eran “varones con dinero y de las ciudades grandes”, una condición que deja fuera a gran parte de la población.

Aunque se ha logrado capacitar a “un núcleo de trabajadoras sexuales”, Núñez reconoce que no ocurre lo mismo con trabajadores sexuales, lo que evidencia una limitación en la expansión del modelo.

Detrás del proyecto hay también una historia de vida. Núñez, quien se define como parte de la cuarta generación de trabajadoras sexuales en su familia, evita profundizar en episodios de su infancia que han marcado su trayectoria.

Su exposición mediática y el enfoque de la iniciativa han provocado reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron el planteamiento. Desde la cuenta @0xCphrpnk se preguntó: “Desde cuando el sexo es una necesidad?”. Mientras que @piccolinigg ironizó: “¿Capacitarlas y acompañarlas para que cambien de rubro? No. Mejor capacitarlas para que atiendan mejor a sus clientes.”