Caso Goleada: La prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y los cuestionamientos al proceso

El destino judicial de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se decidió la tarde de este 11 de febrero. Luego de una larga audiencia de formulación de cargos en contra de él y de otras 10 personas más se determinó que irá a prisión preventiva.

El delito por el que se le investiga es delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La detención del funcionario guayaquileño y los demás procesados se llevó a cabo en Guayaquil, durante la madrugada de este 10 de febrero, en el llamado caso Goleada.

Para el abogado penalista y constitucionalista Julio César Cueva, en política y en justicia “se juega mucho con los tiempos para alargar o acortar la posibilidad de reacción”, explicó. Según señaló, no es extraño que decisiones relevantes se adopten en vísperas de feriados o en horarios estratégicos, lo que puede reducir el impacto inicial o “enfriar” la reacción pública.

En el caso de Aquiles Álvarez, varias actuaciones han coincidido con fechas festivas. El allanamiento a una gasolinera vinculada a él, en el caso Triple A, ocurrió el 23 de julio de 2024, dos días antes de las fiestas de fundación de Guayaquil. El 14 de diciembre de 2024 se formularon cargos en el Caso Triple A, a pocos días de Navidad. La audiencia de juzgamiento fue fijada inicialmente para el 24, 28, 29 y 30 de diciembre de 2025, pero fue fallida. Ahora, el procesamiento en el Caso Goleada se dio en la antesala del feriado de Carnaval.

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Cueva también recordó que estas coincidencias no se limitan a este caso. Es así que, coincidentemente, el 8 de octubre de 2025, un día antes de las festividades del 9 de octubre, se conoció el archivo de una denuncia contra el presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, tras ser señalados por la supuesta entrega de la licencia ambiental para explotación del proyecto Loma Larga, en Azuay.

Además, el 24 de julio de 2025, en vísperas de la fecha cívica de Guayaquil, el Ejecutivo anunció la reducción de ministerios y alrededor de 5.000 desvinculaciones. En otro momento, en plena crisis energética, se anunció la extensión de un feriado.

Impacto jurídico por el caso Goleada

En cuanto al alcalde, el abogado Cueva explicó que confluyen dos procesos: el caso Goleada, donde la Fiscalía pidió prisión preventiva, y el caso Triple A, donde mantiene medidas no privativas de libertad. Señaló que una decisión en uno de los expedientes puede incidir en el otro, especialmente en materia de medidas cautelares.

La audiencia del denominado Caso Goleada se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde además se analizó la situación jurídica de los hermanos del alcalde porteño, Antonio y Xavier; así como otros funcionarios y vinculados al burgomaestre.

Durante la jornada, el juez escuchó los argumentos de la Fiscalía y de las defensas antes de emitir su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, defraudación tributaria y comercialización irregular de hidrocarburos.

Abogados defensores objetaron la solidez de los elementos expuestos por el Ministerio Público. Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, sostuvo que la acusación se sustentó principalmente en peritajes de conversaciones de WhatsApp, un informe policial elaborado a partir de esos chats y una denuncia anónima.

Según el jurista, esos elementos supuestamente no demostraban la existencia de lavado de activos ni de una estructura criminal organizada. También afirmó que el proceso guardaría relación con hechos ya investigados en el Caso Triple A y que no se habrían presentado nuevos elementos probatorios.

García indicó que los mensajes analizados, al parecer, correspondían a comunicaciones habituales dentro del ámbito empresarial y que formaban parte de cerca de 150.000 páginas obtenidas tras la revisión de dispositivos electrónicos entregados por un denunciante en 2021.

La prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

A su criterio, esas conversaciones reflejaban actividades comerciales y no irregularidades en la comercialización de combustibles. Sostuvo además que la Fiscalía no habría presentado documentación financiera, montos ni movimientos que sustentaran el presunto lavado de activos.

El defensor señaló que el pedido de prisión preventiva se fundamentó en la gravedad del delito, lo que, según argumentó, contravendría estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que esta medida procede solo si existen riesgos de fuga u obstaculización del proceso.

En ese contexto, destacó que el alcalde registraba más de 80 comparecencias ante la Fiscalía, mantenía prohibición de salida del país y cumplía con vigilancia electrónica dentro del Caso Triple A. Para él, el que se haya retirado el grillete electrónico con constituía una infracción. Justificó la situación, pese a que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que está prohibido que el portador se lo retire.

Guido Prado, abogado de Ricardo Bruzzone, sostuvo que su cliente recibió tres cheques por un total de 10.000 dólares en dos años, sin que existiera, según dijo, justificación ilícita que los vinculara con delitos.

Por su parte, Carlos Soria, defensor de Pablo Pita, afirmó que la Fiscalía intentó estructurar un caso sobre actividades empresariales que serían lícitas, declaradas y con pago de impuestos. Indicó que la vinculación de su cliente se habría basado en la facturación de una asesoría comercial y en el análisis de dos dispositivos electrónicos, sin que durante el allanamiento se encontraran elementos relevantes más allá de un teléfono y documentos profesionales.

Las defensas coincidieron en que el proceso podría vulnerar el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, debido a su relación con investigaciones previas.