Caso Goleada: La tarde de este miércoles se conocerá si Aquiles Álvarez va o no a prisión
Defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que Fiscalía no ha presentado elementos de convicción fuertes que respalden su acusación por delincuencia organizada
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez.
La audiencia por el caso Goleada, que se lleva a cabo en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier y otras personas ligadas a la municipalidad portuaria, continúa en las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito. Este 11 de febrero, un día después de las capturas, el proceso todavía no ha llegado a su fin y se espera la decisión del juez de aceptar o no la petición de prisión preventiva contra los implicados, incluyendo al burgomaestre.
El delito que se les imputa es delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Sin embargo, para la defensa del funcionario, Ramiro García, no hay solidez en los indicios presentados por Fiscalía. El jurisconsulto aseguró, tras dejar el edificio judicial luego de debfeder a Álvarez, que no existe evidencia que pruebe actividades ilícitas.
García sostuvo que la acusación se basa principalmente en una pericia de chats de WhatsApp, un informe policial elaborado a partir de esas conversaciones y una denuncia anónima.
A criterio del jurista, estos elementos no demuestran la existencia de lavado de activos ni de delincuencia organizada.
García afirmó que el proceso estaría relacionado con los mismos hechos investigados en el denominado caso Triple A y señaló que la Fiscalía no habría aportado nuevos elementos que sustenten una nueva causa. Además, indicó que las conversaciones analizadas corresponderían a diálogos habituales entre directivos y personal administrativo de empresas, sin evidencias de irregularidades.
El defensor explicó que los chats revisados formarían parte de dispositivos entregados por un denunciante en 2021. Según él, tras la explotación de esos equipos, las autoridades obtuvieron alrededor de 150.000 páginas de conversaciones que, a su juicio, reflejan únicamente comunicaciones empresariales y no actividades ilícitas vinculadas a comercialización irregular de combustibles.
García también argumentó que, de acuerdo con la estructura del sector, las comercializadoras no venden combustible directamente a consumidores finales, sino que el despacho se realiza hacia estaciones de servicio, navieras o industrias. En ese sentido, insistió en que la Fiscalía no ha presentado documentación, montos ni movimientos financieros que evidencien lavado de activos.
Durante la audiencia, el abogado señaló que el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía se sustentaría en la gravedad del delito, lo cual, según afirmó, contraviene estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que la medida cautelar solo procedería cuando exista riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
En esa línea, destacó que el alcalde mantiene una agenda pública permanente, cumple con la obligación de presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía, según García, con más de 80 comparecencias registradas, y tiene prohibición de salida del país junto con un dispositivo de vigilancia electrónica.
El jurista también cuestionó que se impulse un nuevo proceso por hechos que ya habrían sido investigados, lo que, a su criterio, podría vulnerar el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa.
Hasta el cierre de la diligencia, los procesados continuaban presentando sus argumentos ante el juez, quien fue convocado a reinstalar la audiencia de forma telemática durante la tarde para emitir una resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
La defensa de Álvarez manifestó que espera que el alcalde y los demás investigados puedan enfrentar el proceso en libertad, mientras continúan las actuaciones judiciales dentro de la causa.