Caso Goleada: las claves del proceso que vuelve a poner al alcalde Aquiles Álvarez bajo la lupa

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, volvió este martes 10 de febrero de 2026 a los juzgados tras ser detenido dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La Fiscalía informó que se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas. Entre los investigados constan también los hermanos del burgomaestre, Antonio, presidente del Barcelona Sporting Club, y Xavier, también directivo de la entidad.

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El Ministerio Público precisó que, durante los allanamientos, fueron obtenidos teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos, los cuales, según la institución, guardarían relación con la investigación. Estos indicios fueron incorporados como parte del expediente que sustenta la causa penal.

Aquiles Álvarez sin grillete electrónico, según la Fiscalía

En otro pronunciamiento, la Fiscalía reveló que, al momento de su detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico, una medida cautelar que fue dispuesta dentro del caso Triple A, proceso en el que el alcalde es investigado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

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Tras esa publicación, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un comunicado oficial para precisar el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia electrónica. 

El organismo ratificó que estos no pueden ser retirados, manipulados ni desinstalados por el usuario, y que solo pueden ser retirados por personal técnico del SNAI, siempre que exista una disposición expresa de la autoridad competente.

El SNAI explicó además que la persona a la que se le coloca un dispositivo electrónico suscribe un acta de responsabilidad, en la que constan las obligaciones de su portación permanente y los riesgos derivados de su manipulación indebida o retiro no autorizado. La entidad no se refirió al caso concreto del alcalde, sino al procedimiento general.

Defensa del alcalde Aquiles Álvarez

La defensa de Aquiles Álvarez, a cargo del abogado Ramiro García, rechazó la versión de la Fiscalía. El jurista afirmó que el alcalde nunca habría dejado de usar el grillete electrónico y que supuestamente lo portaba al momento de la detención.

Asimismo, sostuvo que no se encontró dinero en efectivo en la vivienda del burgomaestre, y cuestionó que esos indicios hayan sido presentados como si fueran imputables a su defendido.

El jurista aseguró también que el caso Goleada, supuestamente, se refiere exactamente a los mismos hechos del caso Triple A, relacionados con la comercialización de combustibles ocurrida hace más de cinco años, pero ahora bajo otro tipo penal.

Según sus declaraciones, el expediente no establecería una fecha desde la cual se habría iniciado un supuesto lavado de activos y que no guardaría relación con fútbol, equipos deportivos, astilleros u otras actividades, pese al nombre asignado a la causa.

¿Es un caso político la detención del alcalde Aquiles Álvarez?

Desde el análisis político, Mauricio Alarcón sostuvo que la detención del alcalde de Guayaquil no puede desligarse del contexto político actual. Señaló que el caso coincide en el tiempo con el juicio político contra Mario Godoy y con las menciones que el propio Godoy realizó en la Asamblea Nacional semanas atrás. A su criterio, no se trata de especulación, sino de observar la secuencia de hechos y unir los puntos.

Alarcón advirtió que este tipo de procesos pueden convertirse en una cortina de humo que distraiga la atención ciudadana del juicio político en curso, y sostuvo que lo que estaría en juego es la salida de escena de un actor político relevante, con miras a la disputa por la Alcaldía de Guayaquil en 2027.

No obstante, subrayó que el escenario sigue abierto y que el desarrollo de ambos procesos (el judicial y el político) deberá ser observado con atención para evitar que uno opaque al otro en la agenda pública.

Otras lecturas sobre la el caso Goleada

Desde el análisis en seguridad, Nelson Yépez sostuvo que el caso que involucra al alcalde porteño no sería un hecho aislado. A su criterio, actividades como la comercialización irregular de combustibles, la minería ilegal, el uso de empresas fachada y el testaferrismo han sido históricamente utilizadas para mover grandes volúmenes de dinero sin control efectivo.

Yépez señaló que lo que cambia en este momento es que el Gobierno habría tomado la decisión política de enfrentar estas economías criminales, lo que explicaría, según su análisis, que ahora aparezcan investigaciones que antes no avanzaban.

Desde el plano jurídico-institucional, el abogado y exoficial de Inteligencia Kléber Carrión afirmó que el lavado de activos no tiene un solo origen, y que no se limita al narcotráfico, sino que puede derivarse de cualquier actividad ilícita, incluida la contratación pública, especialmente en una economía dolarizada con controles débiles.

En ese contexto, señaló que el caso que involucra al alcalde de Guayaquil debe analizarse con cuidado y con base en indicios que luego se conviertan en prueba, sin otorgar privilegios por cargos o posiciones de poder.

Carrión puso especial énfasis en el momento institucional en el que se produce la detención de Aquiles Álvarez, pues también recordó que esta ocurre de forma paralela al juicio político contra Mario Godoy y a la designación realizada, en la madrugada de ayer, de su reemplazo temporal.

Según su análisis, esa coincidencia podría generar cuestionamientos sobre la independencia y transparencia de la administración de justicia, aunque aclaró que ello no excluye la posibilidad de que exista un caso penal legítimo y bien sustentado.

Las posibles sanciones contra Aquiles Álvarez

Desde el ámbito jurídico, la abogada penalista Dennisse Santos explicó que el lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona la acción de detener, adquirir, transferir, poseer o beneficiarse de activos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad.

Indicó que las penas varían según el monto de los activos y la naturaleza de la infracción, y pueden ir desde uno hasta trece años de prisión, especialmente cuando el delito se comete mediante sociedades, instituciones o con participación de funcionarios públicos.

Santos añadió que, además de la pena privativa de libertad, una eventual sentencia condenatoria puede incluir multas, comiso de bienes vinculados al delito y prohibición de ejercer cargos públicos.

También explicó que estos procesos atraviesan varias etapas, entre ellas el análisis de transacciones sospechosas, la investigación preliminar, los allanamientos, la formulación de cargos, la instrucción fiscal y, finalmente, la decisión judicial de llamamiento a juicio o sobreseimiento.

$111 millones en casos de lavado de activos en Ecuador

El lavado de activos en Ecuador mueve millones que intentan camuflarse en la economía formal. Información contenida en el Plan Operativo Anual Integrado (POAI) 2026 de la Policía Nacional, al que EXTRA ha tenido acceso, dimensiona el problema a partir de lo que el Estado ha logrado detectar, incautar y someter a control judicial en investigaciones por economías criminales ligadas al narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y corrupción.

Entre el año 2021 y el 30 de noviembre de 2025, las investigaciones por lavado de activos dejaron un total de $111’728.134, cifra que no representa el dinero blanqueado, sino el valor de recursos y bienes identificados dentro de procesos penales. Ese monto consolida tanto dinero en efectivo incautado como avalúos de activos puestos bajo control del Estado, según consta en el informe policial.

Del total, el dinero en efectivo incautado suma $9’597.768,12 en el período analizado. Estos son identificados como recursos hallados directamente en operativos, allanamientos y acciones investigativas, antes de que logren integrarse plenamente al sistema financiero o salir del país mediante transferencias y otras maniobras.

El peso mayor está en los bienes. El POAI reporta un avalúo de $102’130.009,86 en activos vinculados a lavado de activos, que incluyen 259 bienes inmuebles y 97 vehículos (entre incautaciones y prohibiciones de enajenar). Estos bienes reflejan cómo el dinero ilícito se transforma en patrimonio para tener apariencia de legalidad.

Solo en 2025, hasta el 30 de noviembre, la Policía contabiliza $76’622.881 dentro de este registro. La cifra corresponde al valor del dinero y bienes detectados e incautados ese año, no a una estimación de cuánto se lavó en el país. Aun así, el salto frente a 2024 ($6’204.486) y 2023 ($21’787.104) evidencia un crecimiento sostenido de los montos que el crimen organizado intenta blanquear en Ecuador.