Millón de dólares hallado en Quito: las diligencias de Fiscalía antes de archivar o abrir un proceso
La ruta del caso depende de lo que arroje la investigación previa: si no hay delito, se archiva; si hay indicios suficientes, se formula cargos
El dinero quedó en custodia de las autoridades
El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio del norte de Quito abrió una investigación previa, una fase reservada dentro del sistema penal ecuatoriano que no implica todavía una acusación formal, pero sí el arranque de diligencias para determinar si existe o no un delito.
En esta etapa, Fiscalía no parte de conclusiones, sino de una pregunta básica: qué ocurrió realmente y si hay elementos para sostener una causa penal.
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Las primeras diligencias: asegurar y revisar la evidencia
Uno de los primeros pasos dentro de una investigación previa es preservar la evidencia. Eso significa que el dinero encontrado debe ser incorporado formalmente como indicio, bajo cadena de custodia, para garantizar que no sea alterado y que pueda ser sometido a pericias o verificaciones posteriores.
En paralelo, se empieza a reconstruir el contexto del hallazgo: dónde estaba el dinero, quién tenía acceso al lugar, bajo qué circunstancias fue encontrado y quién lo reclama.
En esta caja fuerte estaba guardado el dinero.
Qué busca verificar Fiscalía
El abogado penalista Roberto Calderón explicó a EXTRA que, en un caso como este, Fiscalía debe concentrarse al menos en cuatro aspectos centrales.
- El origen lícito del dinero: el primer filtro es determinar si los fondos provienen de una actividad legal. Es decir, si el dinero puede ser justificado con una actividad económica real y permitida, o si existen indicios de que estaría relacionado con una conducta ilícita.
- La trazabilidad financiera: otro punto clave es reconstruir cómo llegó ese dinero a manos de quien lo tenía. Ahí se revisa si el efectivo tiene un recorrido explicable, si pasó por canales legales y si la forma en la que fue movilizado es compatible con la versión que entreguen las personas o empresas vinculadas al caso.
- La declaración tributaria: Fiscalía también debe establecer si ese dinero fue o no declarado al Servicio de Rentas Internas (SRI). Aunque el dinero tenga un origen aparentemente lícito, si no fue declarado o si su justificación tributaria presenta inconsistencias, la investigación puede abrir otras aristas legales.
- La autenticidad del dinero: además, el efectivo debe ser sometido a verificaciones para confirmar que se trata de dinero auténtico y no de billetes falsos.
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Otras diligencias
Entre ellas están la toma de versiones a personas vinculadas al caso, la revisión de documentación contable o financiera, el análisis de soportes que expliquen la tenencia del dinero y el contraste de esa información con lo que digan los involucrados.
Es decir, Fiscalía no solo debe establecer quién reclama el dinero, sino si esa persona o empresa puede sostener legalmente por qué lo tenía, de dónde salió y para qué estaba destinado.
¿Y si una empresa dice que el dinero es legal?
Ese fue precisamente uno de los elementos que apareció en este caso: una empresa salió a sostener que el dinero era lícito y a reclamar su devolución.
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Redacción Justicia
Sobre eso, Calderón recordó que tener dinero en efectivo no es, por sí mismo, un delito. Pero aclaró que para que ese argumento se sostenga, el dinero debe tener origen lícito, trazabilidad, respaldo contable, declaración tributaria y autenticidad comprobada.
Qué puede pasar después: dos salidas
Una vez agotadas las diligencias, la investigación previa puede tomar dos caminos.
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- Archivo: Si Fiscalía no encuentra elementos suficientes para sostener que hubo delito, o si el origen del dinero logra justificarse de manera consistente, el caso puede archivarse. Eso significa que la investigación se cierra sin que se llegue a formular cargos.
- Apertura de proceso penal: La otra opción es que Fiscalía sí encuentre indicios suficientes para sostener una infracción penal. En ese escenario, el siguiente paso es la formulación de cargos, es decir, la apertura formal del proceso penal contra una o más personas vinculadas al caso.
“Ahí se decide si se archiva o se abre un proceso”, resumió Calderón.
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