Operativo Fortaleza 1 destapa red con policías y militares en tráfico de hidrocarburos en Ecuador

Un operativo de gran escala ejecutado por autoridades ecuatorianas dejó al descubierto una presunta red vinculada al tráfico de hidrocarburos que involucraría a miembros de la fuerza pública. En total, 16 personas fueron detenidas, entre ellas cinco policías y tres militares, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, hoy, miércoles 8 de abril de 2026.

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La intervención, denominada Fortaleza 1, se desarrolló de manera simultánea en varias provincias del país, como parte de una estrategia para desarticular estructuras delictivas relacionadas con el desvío y uso ilegal de combustibles.

Así operaba la red de tráfico de hidrocarburos

De acuerdo con la información oficial, el operativo apuntó a una organización que brindaba “favorecimiento y apoyo a organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos”. Esta actividad ilícita suele estar ligada a economías criminales que afectan tanto al Estado como al abastecimiento regular de combustibles.

Además de los uniformados, fueron capturados ocho civiles (entre ellos cuatro mujeres) en una serie de allanamientos coordinados entre la Policía, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado.

Las acciones se ejecutaron en las provincias de:

¿Por qué hay uniformados implicados en este caso?

La detención de policías y militares marca un punto crítico dentro de la investigación, al evidenciar posibles filtraciones o complicidades desde instituciones encargadas de la seguridad. Este tipo de hallazgos refuerza las alertas sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales.

El caso se produce en medio del contexto de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un estado de “conflicto armado interno” para enfrentar a las bandas criminales, catalogadas por el Gobierno como grupos “terroristas”.

Un contexto de violencia en aumento

A pesar de estas medidas, las cifras reflejan la magnitud del desafío. En 2025, el país cerró con un récord cercano a los 9.300 homicidios, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior, lo que evidencia la persistencia de estructuras delictivas con alto poder de operación.