Qué pasó en Zofragua: pagos millonarios, bonos del Estado y un liquidador removido
La Superintendencia de Compañías identificó inconsistencias en informes durante la gestión del liquidador de la empresa.
El informe detalla omisiones contables, pagos no reportados y decisiones cuestionadas del liquidador.
Un rastro de opacidad y millones de dólares sin reportar a la Superintendencia de Compañías rodean la gestión de Carlos Xavier Cadena Asencio en el proceso de liquidación de la compañía Zofragua S. A.
Para entender el caso, hay que retroceder hasta 2001, cuando Zofragua recibió en comodato 32 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por un plazo de 50 años. Sin embargo, ese contrato fue cancelado de forma inesperada el 23 de marzo de 2012. A partir de ahí comenzó el conflicto: la empresa demandó por daños y perjuicios y, en 2014, la Superintendencia de Compañías la declaró en liquidación por no entregar información financiera.
Bajo cuestionamientos
En 2019, la Superintendencia designó a Cadena Asencio como liquidador. Desde el inicio, su gestión mostró fisuras, que terminaron con su remoción del cargo en octubre de 2024.
La estructura accionaria era compleja. Desde 2017 existía una disputa por la verdadera accionista mayoritaria: por un lado, Stock & Fund Managers Overseas INC., creada en Panamá; y, por otro, Stock & Fund Managers Overseas S. A., constituida en 2011 en Costa Rica.
Cuando Cadena Asencio asumió el control, no estaba claro quién era el accionista mayoritario. En tanto, entre los accionistas minoritarios figuraban la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la Cámara de Pesquería y la Cámara de la Pequeña Industria, entre otros.
Carlos Cadena, quien fue liquidador de Zofragua.
Denuncias ignoradas
En medio de este litigio, la empresa original denunció ante la Superintendencia presuntas irregularidades, una posible suplantación y errores en el registro societario. Sin embargo, la entidad no corrigió ni revirtió las decisiones; tampoco presentó una denuncia por fraude o suplantación.
En paralelo, Cadena Asencio, junto con el abogado Leonidas Plaza Verduga, impulsó el juicio civil 09801-2012-0565 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El proceso terminó con un fallo favorable para Zofragua. El 1 de junio de 2019 se realizó el primer pago: $4,79 millones.
Aquí surge una de las primeras alertas serias: ese dinero no fue registrado en los libros contables de la compañía. Así lo señala la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías.
Pagos millonarios
El 11 de mayo de 2023, el Estado ecuatoriano reconoció una obligación derivada de la sentencia judicial y ordenó el pago de 12,06 millones de dólares.
Dos meses después, el 11 de julio de 2023, el liquidador remitió a la Superintendencia información desactualizada e incompleta. Presentó un “balance inicial” cortado a febrero de 2019, sin firmas y con valores en cero en activos, pasivos y patrimonio, pese a que ya existía una sentencia favorable y un monto millonario por cobrar. Aun así, esos valores no fueron reportados oportunamente.
Entre mayo y septiembre de 2023, Cadena solicitó a un juez que ordenara al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos públicos para el pago a la empresa en liquidación. Finalmente, el pago se concretó el 22 de diciembre de 2023 mediante una dación en pago con bonos del Estado.
Estos bonos, de deuda interna, fueron depositados en una cuenta del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central. Tenían un plazo de seis años (con vencimiento en marzo de 2029) y una tasa de interés anual del 7,37 %. El convenio fue firmado por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí Heredia, y por el liquidador, Carlos Cadena Asencio.
Irregularidades pendientes
Otro hecho llamativo es que Cadena Asencio solicitó, a través del abogado Xavier Estrada Perlaza, la cancelación de Zofragua S. A. por haber transcurrido siete años desde su disolución.
Esto ocurrió pese a que la empresa mantenía observaciones pendientes, como la falta de contabilidad clara, la ausencia de trazabilidad de los recursos, la pérdida de fondos y la inexistencia de registros de pagos millonarios. Además, durante su administración se perdió el rastro del primer pago de 4,79 millones de dólares realizado por la Autoridad Portuaria.
Uno de los documentos presentados fue un acuerdo de mediación en el que Cadena Asencio reconocía que el abogado Leonidas Efraín Plaza Verduga debía cobrar 2,39 millones de dólares por servicios legales, sin adjuntar mayores respaldos documentales.