La interrupción del embarazo es un tema sensible que suele dividir a la sociedad. Nadie puede recomendarlo como un mecanismo de control de la natalidad. Pero, asimismo, nadie debería sostener que es una cuestión de minorías, que no es representativo de la sociedad ecuatoriana.

El aborto es un fenómeno social, un verdadero problema de salud pública que afecta en su mayoría a las mujeres más pobres del país. Según el Ministerio de Salud, el aborto en condiciones de riesgo es la primera o segunda causa de egreso hospitalario. A pesar de la ilegalidad del aborto, las mujeres interrumpen sus embarazos de manera insegura, acudiendo al sistema de salud público para que resuelvan situaciones de abortos incompletos que si no se atienden pondrían en peligro su salud y su vida. El aborto en condiciones de riesgo se constituye en la segunda causa de morbilidad femenina. La indolencia de políticos y autoridades ecuatorianas referente al aborto implica un recorrido de exclusión y desatención que se da como violencia institucional; y su criminalización no ha producido efectos preventivos ni disuasivos.

Carecemos de información actualizada en este tema y eso hace que tanto la población como los gobernantes ignoren la dimensión real de este drama humano. Sin embargo, proyecciones de la Organización Mundial de la Salud determinan que en Ecuador una mujer aborta cada cuatro minutos.

Así que basta ya de considerar al aborto una cuestión de minorías. Esa es una actitud cobarde, miope, insensible e irresponsable que cada día le cuesta la vida a las mujeres y niñas más vulnerables del país. A las más pobres.