Opinión
Editorial: Evaluación requerida para los nuevos jueces
El país ha vivido bajo el accionar de políticos que con pretextos “metían la mano a la justicia”, con el supuesto de que eso daría tribunales y jueces más capaces e idóneos.
Por más de treinta años, Ecuador conoció malas experiencias de este proceder impropio de la democracia.
En la última década con artificios jurídicos y normativos, el gobierno anterior, a través de una consulta popular, reorganizó totalmente los tribunales, nombrando jueces y fiscales a su conveniencia. Ya la llamada Comisión de la Verdad y Justicia ha llegado a establecer que esos funcionarios judiciales favorecieron al pasado régimen y perjudicaron a la ciudadanía.
Casos como el del general Gabela, el periodista Valdivieso y otros que aún no han sido resueltos. Incluso, el accionar de algunos jueces y fiscales, siendo conocidos públicamente. Otros, respecto a narcotraficantes y delitos de corrupción, dieron fallos insólitos.
Por eso es bueno que en tiempos de real y efectiva democracia y de transparencia se realice una evaluación sobre la capacidad de magistrados. También sobre sus nombramientos. Pues resulta insólito que los miembros de la Corte Nacional de Justicia crean que ellos son los que tienen que poner las reglas para la evaluación de esos funcionarios.