Editorial | El laberinto de extorsión: Entre el impuesto criminal y la sanción internacional
La falta de protección estatal coloca a los ciudadanos en una encrucijada letal: financiar el terrorismo por supervivencia o enfrentar la quiebra y la violencia
¿Qué pasará con los negocios que han sido 'vacunados'?
Sin leyes firmes ni instituciones que respalden a las víctimas, la extorsión sigue ganando terreno en Ecuador. Hoy, quien es amenazado tiene que arreglárselas solo: o paga la ‘vacuna’ o se expone a perderlo todo. El Estado llega tarde, mal o nunca, y esa ausencia es la que ha permitido que este delito deje de ser algo puntual y se vuelva parte de la rutina.
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La justicia no está respondiendo al tamaño del problema. El sistema está desbordado y no logra frenar a las bandas que viven de extorsionar a comerciantes, transportistas y empresarios. En ese vacío, el pago termina viéndose como la única salida, aunque eso no garantice seguridad ni tranquilidad.
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El riesgo legal: ¿Víctima o financista?
Los comercios en Ecuador a diario son blanco de extorsiones.
El problema es que pagar también puede salir caro por otro lado. En Estados Unidos ya se discute sancionar a quienes entreguen dinero a grupos considerados terroristas, incluso si lo hacen bajo presión. Para esas autoridades, el pago no siempre es visto como supervivencia, sino como financiamiento. Y dos de esos grupos operan en nuestro país.
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Mientras países como México ya han reforzado su marco legal para proteger a sus empresas, aquí seguimos sin una respuesta clara. Si el Estado no cuenta con una estrategia que cuide a las víctimas, la extorsión terminará completamente normalizada.