Editorial: Nadie responde por las 93 hectáreas

¿Dónde están la Fiscalía y la Contraloría cuando en La Libertad casi se concreta una jugada que huele a testaferrismo y corrupción municipal? Porque lo que se intentó hacer con 93 hectáreas de terreno, que terminarían en manos de una mesera de 24 años, no es un simple “error administrativo”, sino uno de los episodios más graves que ha vivido la Península en los últimos años.

Que esta venta haya avanzado hasta recibir el visto bueno del Concejo Cantonal prende todas las alarmas. Aquí no hubo solo desorden o descuido, hubo decisiones políticas que permitieron que una operación irregular caminara sin freno, como si nadie tuviera nada que cuestionar. Eso, en sí mismo, habla de complicidades que deben investigarse a fondo. No basta con decir “no se concretó” y pasar la página.

El alcalde y los concejales que levantaron la mano para aprobar esta venta no pueden seguir actuando como si nada hubiera pasado. Un funcionario que permite que una operación de este calibre avance pierde toda autoridad moral para seguir manejando los recursos de la ciudad.

Y la Fiscalía y la Contraloría no pueden ‘hacerse los locos’. Aquí no se trata de un trámite mal hecho, sino de un posible asalto a las arcas municipales.