Editorial: Los vacíos que deja la violencia

A las puertas de que concluya otro año lectivo en la región Costa-Galápagos, la incertidumbre vuelve a instalarse entre padres y representantes de estudiantes de instituciones públicas, fiscales y fiscomisionales ubicadas en sectores golpeados por la violencia criminal, como Puerto Bolívar, en El Oro. ¿Con qué vacíos académicos están cerrando el ciclo escolar miles de alumnos?

La recurrencia a jornadas no presenciales, aplicada como medida de emergencia frente a la inseguridad, no garantiza el aprendizaje. Desde 2021, tras los periodos de clases virtuales impuestos por la pandemia de covid-19, evaluaciones realizadas a 2.500 estudiantes por el Ministerio de Educación ya evidenciaban rezagos preocupantes: cinco de cada diez presentaban dificultades para resolver problemas matemáticos y cuatro de cada diez mostraban falencias en comprensión lectora.

A este escenario se suman los estudiantes que dejaron de asistir por miedo, así como aquellos cuyos planteles optaron por mantener la presencialidad pese a extorsiones, amenazas y hechos delictivos. En ambos casos, el derecho a una educación segura y de calidad queda seriamente comprometido. Cerrar los ojos ante esta realidad es condenar a una generación a cargar con las consecuencias de decisiones improvisadas y respuestas insuficientes.