La gigantesca ola de violencia y criminalidad que afecta al país, sin que el Gobierno central y los gobiernos locales ni las otras funciones del Estado actúen como debieran para frenarla y extinguirla, está empujando a los ciudadanos a reaccionar de la misma forma, con el alto riesgo de que con sus acciones protectoras desencadenen tragedias, que bien pueden evitarse.

Los ecuatorianos tienen el derecho y la libertad de defender su integridad, la de su familia y sus bienes, y exigirle al Estado que les brinde la protección necesaria para cumplir con sus actividades, pero no puede actuar a su albedrío para aplicar la justicia por mano propia ni desconocer las leyes que rigen en el territorio nacional.

El pedido del presidente de la República a los miembros de la fuerza pública, de que defiendan al ciudadano honesto y que le disparen al delincuente que quiera sumir en la inseguridad a los ecuatorianos, no puede ser malinterpretado ni utilizado como un respaldo para provocar más problemas en nuestro país.

Todas las instituciones del Estado, entre ellas las que administran justicia y brindan seguridad, deben trabajar mancomunadamente para devolverle a Ecuador la seguridad que tanto necesita, porque de lo que hagan y dejen de hacer ahora dependerá el futuro de una nación que requiere recuperar la paz perdida.