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Opinión

Editorial: Denunciar los abusos escolares

Esta situación refleja una brecha preocupante entre la normativa y la realidad que viven miles de padres

Se acerca el inicio de clases en el régimen Sierra-Amazonía y, con ello, resurgen las dudas y preocupaciones de los padres de familia frente a las prohibiciones y exigencias que algunos planteles educativos mantienen a través de sus Códigos de Convivencia. Entre las más comunes están las relacionadas con el uso estricto de uniformes, la compra de útiles escolares, el incremento de valores por matrículas y pensiones, así como el cobro de cuotas adicionales.

Aunque el Ministerio de Educación ha sido enfático al advertir lo que los centros educativos no pueden imponer, todavía existen instituciones que se pasan por alto estas disposiciones. En la práctica, muchas de ellas buscan exprimir los bolsillos de las familias, llegando incluso a condicionar o negar matrículas, amparándose en el argumento de que se trata de exigencias necesarias para mantener la “calidad educativa”.

Esta situación refleja una brecha preocupante entre la normativa y la realidad que viven miles de padres. La autoridad educativa tiene la obligación de vigilar y sancionar a los planteles que incumplen, pero también es necesario que las familias se informen, se organicen y denuncien estas irregularidades. La verdadera calidad de la educación no se mide por uniformes impecables ni por listas interminables de útiles, sino por el compromiso de formar ciudadanos libres y con igualdad de oportunidades

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