Editorial: El doble filo de una ordenanza municipal

Una ordenanza municipal para sancionar el porte de armas blancas injustificado se ‘cocina’ en el Concejo Metropolitano de Quito. Un salario básico, 425 dólares, debería pagar aquel que sea agarrado con un cuchillo o ‘matachancho’ en espacios públicos. Con esta medida se busca frenar la delincuencia y homicidios.

Pero esta ordenanza (aún en discusión) parece más bien un respiro superficial para un problema de fondo. Actualmente, la legislación no sanciona el porte de armas blancas. Cuando la policía hace operativos retira los objetos porque no le queda más. ¿Cómo se va a determinar quién lleva un cuchillo para delinquir o como herramienta de trabajo? Por eso esta normativa, antes de ser aprobada, debe estar bien pulida.