Las extorsiones a los exportadores no solo aumentan el precio de la transportación de los productos, por la extrema seguridad que deben contratar antes de llegar a los puertos, sino por la cadena de riesgos a los que se ven expuestos, desde los sitios de embarque hasta los países de destino final de la mercadería. Los costos son gigantescos y vuelven menos competitivos los productos ecuatorianos.

La recurrente contaminación con droga de los contenedores de mariscos y de productos agrícolas debe llevar a la reformulación de los procesos de verificación de carga desde su ingreso a la zona de exportación en los puertos, con el uso de escáneres antidrogas, hasta su salida del territorio ecuatoriano. Y las empresas navieras deben asumir la responsabilidad desde el momento en que la carga llega a sus buques, porque las contaminaciones posteriores no pueden endilgarse a los exportadores.

Las débiles estructuras portuarias por la carencia de la tecnología necesaria para la detección de drogas han permitido que el país sea considerado el puente de salida del alcaloide producido en Perú y en Colombia. No solo la instalación de escáneres es imprescindible para evitar este problema, también la depuración interna de personal vinculado con mafias.