El desangre económico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ocurre a la vista de los afiliados y con la venia de sus administradores, que aceptan abiertamente que conocen del problema, pero que no hacen nada para solucionarlo.

El oneroso pago mensual a los prestadores externos de salud, cercano a los mil millones de dólares anuales, descalabra diariamente las finanzas del Seguro Social y aumenta la urgencia de una intervención integral que impida la dilapidación de los fondos que están agotándose, al punto de que en un futuro cercano puede que los afiliados y jubilados no tengan ni atención médica ni pensiones.

 No solo es indignante que haya prestadores externos autoagendándose citas de los afiliados, quebrantando las normas establecidas, sino que se acepte que estos no tienen más clientes que los asociados al IESS, y que ‘chupan’ los recursos económicos cual sanguijuelas hambrientas, con la anuencia de los operadores del call center, que los tienen detectados, pero aun así acceden al registro.

En la solución de este problema trascendental de la seguridad social y de otros que demandan reformas urgentes para la seguridad del país es que deberían estar concentradas las diversas funciones del Estado, entre ellas el Ejecutivo y el Legislativo, y no en el reparto de la troncha.