La delincuencia organizada se mueve constantemente para hallar formas de financiamiento y continuar con sus actividades ilícitas. Una muestra de ello son los incrementos de secuestros y extorsiones en la Zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón. Solo entre enero y marzo de este año se han registrado 209 casos de secuestro, lo que para la Policía Nacional se traduce en un aumento escandaloso del 2.600%, teniendo en cuenta que el año pasado, en el mismo período, solo se reportaron 8.

El ‘paracetamol’ que el país ha recibido en estos tres primeros meses del año, llamado estado de excepción, ha aliviado, en algo, las muertes violentas, los atentados y enfrentamientos de grupos criminales, pero no otros delitos que tienen conexión con el narcotráfico. Sin un diagnóstico claro, seguir con la misma receta solo hará que el crimen siga mutando para obtener más ingresos, atemorizando a los ciudadanos.

No basta con las Fuerzas Armadas en las calles y cárceles, tampoco con sumar nuevos agentes policiales, hace falta eficiencia, inversión, capacitación y articulación con otras entidades para ingresar y permanecer en los sectores peligrosos donde se necesitan servicios de inclusión económica y social. El país necesita conocer cuál es el siguiente paso en materia de seguridad que dará el Gobierno.