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Opinión

Editorial: ¡Obligación ignorada!

La ciudadanía tiene derecho a saber y los funcionarios tienen la obligación de informar

“Callar no es una opción”. Así deberían entenderlo los funcionarios públicos: por más que les incomode o les provoque coraje, tienen la obligación de atender pedidos de información y entrevistas de los medios, como lo que ha solicitado esta Casa Editorial. Guardar silencio no protege al gobierno, solo priva al ciudadano de conocer la historia completa y deja al medio en evidencia. Quien calla, deja que el público interprete.

Esta lógica aún no termina de calar en la clase política y burocracia ecuatoriana, una costumbre que viene de gobiernos anteriores.

Muchos creen que ignorar los pedidos de información, dejarlos en un correo electrónico o en un cajón, es la mejor respuesta. Pero cualquier medio que se respete siempre buscará la verdad.

Ocultarla con la política del silencio o con respuestas vagas solo levanta sospechas, que perseguirán a la gestión oficial a lo largo de su tiempo en el poder.

La ciudadanía tiene derecho a saber y los funcionarios, aunque lo olviden, tienen la obligación de informar.

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