Tantos candidatos saltan a la vista que confunden al país. Y, peor aún, ocurre que la legitimidad de quien resulte ganador en las próximas elecciones de agosto también podría verse algo golpeada por la fragmentación de votos.

De ser así, eso llevaría a quien resulte electo presidente de la República a liderar la Función Ejecutiva sin la representatividad necesaria que debe tener quien conduce los destinos del país.

Basta un ejemplo: quienes resultaron electos en las seccionales de febrero en la mayoría de los casos obtuvieron menos de 15 % de voto total. De allí la necesidad urgente de reformar el Código de la Democracia, para que no se siga permitiendo la inscripción indiscriminada de candidatos y para que se supriman los aportes de fondos públicos a los partidos y movimientos políticos, pues hacen campaña con el dinero de los contribuyentes, dinero que bien debería destinarse a salud, educación, seguridad y tantas otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.

Asimismo, tras la muerte cruzada ha quedado en evidencia la inaplicabilidad de plazos y disposiciones señalados en la Constitución, como por ejemplo que se realicen elecciones en tiempo récord y para elegir funcionarios que estarán en el poder por un cortísimo período, cuando lo adecuado sería que lo ejerzan durante cuatro años.