Alerta por restricción al acceso a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos

Las alertas llegaron desde la sociedad civil. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) cuestionó el nuevo sistema implementado por la Contraloría General del Estado para consultar declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.

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Según advirtieron, el acceso a esta información —considerada pública— ya no es libre ni anónimo. Ahora, los ciudadanos deben registrarse con datos personales obligatorios, lo que, a su criterio, vulnera el principio de acceso sin restricciones.

Acceso condicionado a datos personales

Desde el 20 de abril de 2026, quienes deseen revisar los bienes de funcionarios deben ingresar su número de cédula, fecha de expedición y correo electrónico, además de aceptar el tratamiento de sus datos.

Sin completar este proceso, el sistema no permite visualizar ni descargar las declaraciones patrimoniales.

Para las organizaciones, esta medida contraviene estándares de transparencia. “El acceso a la información pública debe ser libre y sin condicionamientos”, señalaron en un pronunciamiento.

Consultas que dejan rastro

El cambio no solo implica identificación previa. También introduce trazabilidad en cada búsqueda.

Los documentos descargados incluyen marcas de agua con datos del usuario, como nombre completo, fecha, hora e incluso la dirección IP desde la que se realizó la consulta.

Esto significa que cada revisión queda vinculada directamente a quien la realiza.

Denuncias por exposición de identidad

La periodista Blanca Moncada Pesantes fue una de las primeras en alertar sobre el funcionamiento del sistema.

“Cuando buscas declaraciones patrimoniales, se queda registrado hasta tu IP, pero para que no haya dudas, te lo imprimen como sello de agua de fondo, con tu nombre completo, la fecha y hasta la hora y el minuto”, denunció.

La comunicadora calificó la medida como “atroz” y señaló que analiza iniciar una acción legal tras consultar con una abogada.

Además, indicó que presentó su queja directamente al contralor. Según su versión, la respuesta fue que “los datos de los periodistas o de los que ingresen a revisar no son expuestos por la Contraloría”.

Pedido de revisión y control

Frente a este escenario, FCD y Transparencia Internacional Ecuador solicitaron eliminar los requisitos de registro y restituir el acceso libre a las declaraciones patrimoniales.

También pidieron a la Superintendencia de Protección de Datos Personales que intervenga para verificar la legalidad de la recolección y el uso de la información de los usuarios.

Las declaraciones patrimoniales son una herramienta clave para fiscalizar posibles inconsistencias en los bienes de funcionarios públicos.

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