Asambleístas critican el posible control de la Supercias sobre acciones de GRANASA

La Superintendencia de Compañías (Supercias) busca que el 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) sea administrado por un liquidador designado por esa entidad. Para esta empresa, que es la editora de los diarios de circulación nacional EXTRA y EXPRESO, el objetivo de esta medida es doblegar su línea editorial. Y en ese escenario, el caso ya empieza a generar reacciones dentro de la Asamblea Nacional.

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El 29 de diciembre de 2025, la Supercias emitió un oficio en el que señaló que no encontró la trazabilidad del traspaso de acciones de la empresa Veranera, actualmente en proceso de liquidación, a Ingrid Martínez Leisker. Por ello, dispuso a GRANASA que revierta esas acciones y registre la operación en su libro de acciones y accionistas.

Sobre este requerimiento, la empresa respondió el pasado 5 de enero mediante un oficio remitido a la Superintendencia, firmado por el procurador judicial de GRANASA, Eduardo Carmigniani. En el documento se concluye que el oficio de la entidad de control “pretende que el representante legal de GRANASA no solo viole la ley sino que delinca”.

El jurista explicó que el libro de acciones y accionistas de una empresa es el “único instrumento que acredita la propiedad de las acciones de una compañía anónima”, tal como lo establece el artículo 187 de la Ley de Compañías.

Asimismo, señaló que en el Registro de Sociedades de la Superintendencia (que tiene fines meramente informativos o estadísticos) debe constar la información previamente asentada en el libro de acciones y accionistas, y no al revés, como habría ocurrido en este caso, según se desprende de la respuesta enviada por la empresa.

El tema, sin embargo, va más allá de la transferencia de acciones. Para el asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), “hay una clara persecución del Gobierno contra los diarios EXPRESO y EXTRA”.

El recuerdo de gobiernos pasados y los medios de comunicación

A criterio del legislador, se repite un episodio similar al ocurrido durante el correísmo contra el diario Hoy y la revista Vanguardia. “Como estamos viviendo en la época del Rafael Correa 2.0, ahora repiten los mismos eventos”, afirmó.

Desde el correísmo también hubo reacciones. La legisladora Viviana Veloz expresó su desacuerdo con la intención de la Superintendencia de Compañías de administrar, a través de un liquidador, el 40 % de las acciones de GRANASA.

“Esta decisión genera una seria preocupación porque puede convertirse en un mecanismo para coartar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, pilares fundamentales de la democracia”, señaló la asambleísta.

El legislador independiente Cristian Benavides dijo que, a su criterio, la intención de la Superintendencia de Compañías no apunta al manejo de la línea editorial, sino a un aspecto económico. “Si se tratase de lo otro (el control de la línea editorial), existen varios mecanismos de defensa. Vivimos en un país libre y es importante que el periodismo se ejerza primero desde la ética y la transparencia”, manifestó.

La respuesta de la Supercias

La Superintendencia de Compañías emitió un comunicado el pasado 5 de enero de 2025. “El control que realiza esta Superintendencia se rige estrictamente por criterios técnicos y por el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y doctrinas, razón por la que rechaza, de manera categórica, cualquier opinión o señalamiento que pretenda poner en entredicho su autonomía, objetividad y legalidad de su accionar”.

La Superintendencia señaló que, entre otros asuntos, se encarga “permanentemente de controlar los procesos de disolución y liquidación”.

Además, la Superintendencia indicó que “se abstendrá de emitir pronunciamientos oficiales por medios de comunicación respecto de procesos de control en trámite, ya que se lo hará en (las) instancias que corresponden”.

Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, compareció ayer en la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde señaló que, según el art. 213 de la Constitución, las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control, para garantizar que las actividades económicas se sujeten al ordenamiento jurídico y al interés general.