El abogado Ramiro García, defensa del alcalde Aquiles Álvarez, describió el posible allanamiento alertado para el 16 de diciembre de 2025 como "un acto de amedrentamiento y una intromisión política".

Previamente, el alcalde Álvarez había alertado y señalado directamente a la fiscal Ivonne Proaño por un presunto allanamiento contra sus abogados (incluido Ramiro García). Esta alerta se dio justo antes de la audiencia de juicio del caso Triple A, que fue adelantada para vísperas de Navidad. En este caso, el alcalde está procesado por el supuesto tráfico de combustibles.

La alerta de allanamiento a los abogados de Aquiles Álvarez

García aclaró que la advertencia sobre un posible allanamiento a la defensa no proviene del caso Triple A, sino de la investigación por lavado de activos. El alcalde Aquiles Álvarez también está siendo señalado por la Fiscalía General del Estado en esta investigación.

El abogado señaló que, aunque la orden de allanamiento no se ha concretado, existe la intención de hacerlo. La fiscal Ivonne Proaño es quien está a cargo del caso de lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil. García calificó la posibilidad del allanamiento a los abogados como "una barbaridad que no tiene no tiene pies ni cabeza". El estudio jurídico que representa al alcalde Álvarez está compuesto por tres abogados.

Lo que dice Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez

Para Ramiro García, la amenaza de allanar a la defensa de Aquiles Álvarez antes de la audiencia de juicio del caso Triple A busca "vulnerar el derecho a la defensa del alcalde". El defensor sostuvo que la acción se enmarca "Claramente... en una estrategia de amedrentamiento a tanto al alcalde como a sus abogados".

García recordó que esta táctica no es nueva, mencionando el caso del hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, donde también se actuó contra el equipo de abogados, e incluso uno de ellos terminó privado de libertad.

Sobre el adelanto de la audiencia de juicio del caso Triple A para el 24 de diciembre de 2025 (Nochebuena), el abogado afirmó que esto también "vulnera el derecho a la defensa". Argumentó que casi la totalidad de los procesados no residen en Quito, forzándolos a viajar a la capital en Navidad para ejercer su defensa.

García indicó que, pese a la desconfianza generada por estos hechos, su equipo llega a la audiencia de juicio con la esperanza de que se haga justicia. Enfatizó que la entidad detrás de estas acciones es el Consejo de la Judicatura. 

"Claramente, quien está detrás de esto es el Consejo de la Judicatura". Para el abogado, esto contradice la independencia entre la Función Judicial y el Poder Ejecutivo. Concluyó señalando: "Esto nos hace pensar que hay una metida de mano del poder político en la administración de justicia".

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