El domingo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre cuatro preguntas, de las cuales tres corresponden a un referéndum y una a una consulta popular. La primera de estas preguntas del referéndum, identificada en el casillero A, es una de las más sensibles, ya que aborda la posibilidad de eliminar la prohibición constitucional de la presencia militar extranjera en suelo nacional.

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La pregunta en cuestión, que se deberá responder con un Sí o un No, es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.

Esta propuesta, impulsada por el Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo No. 147 , busca reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador. Actualmente, la Carta Magna establece que el Ecuador es un territorio de paz, y específicamente prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, la creación de instalaciones foráneas con fines militares y la cesión de bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

El anexo a la pregunta revela el cambio constitucional específico que se implementaría en caso de ganar el Sí. La reforma consiste en sustituir el actual artículo 5 de la Constitución por una versión más corta y concisa: “Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz”. 

Al eliminar el texto explícito de la prohibición, se abriría la puerta para que el Estado pueda firmar tratados internacionales que permitan este tipo de presencia, ya que la Constitución sí establece que existe un procedimiento para ratificar cualquier tratado internacional. El Gobierno argumenta que esta medida es necesaria debido a que la situación de seguridad en el país exige “adoptar diversas estrategias en contra de las distintas modalidades de crimen organizado”, cumpliendo con el deber primordial del Estado de garantizar la seguridad integral.

¿Qué funciones tendrían las bases o instalaciones extranjeras?

El presidente Daniel Noboa, principal proponente del Sí, ha ofrecido detalles sobre el propósito y la naturaleza que tendrían estas instalaciones. A finales de octubre de 2025, el mandatario se refirió nuevamente al tema, asegurando que permitir una base militar extranjera en las islas Galápagos “no es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos”.

El argumento principal para justificar la propuesta es que una base en la isla Baltra, en el archipiélago, tendría como objetivo primordial el “control de la pesca ilegal y la protección de los ecosistemas”.

Adicionalmente, el presidente Noboa mencionó otras funciones clave para estas instalaciones:

• Control del narcotráfico en la ruta del Pacífico
• Control del tráfico de combustible

El mandatario también aclaró que su propuesta no se limita a "bases militares", sino que se extiende a instalaciones extranjeras de diverso tipo. “Puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países que estén ahí, puede haber otra base de control de drogas, puede haber otra base de Homeland Security”, explicó Noboa, indicando que Salinas, donde ya existe infraestructura, es otro lugar potencial para una de estas bases.

¿Qué argumenta la oposición sobre la Pregunta 1?

Un argumento central para votar por el No en esta pregunta, y que es la bandera principal de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa, se fundamenta en la defensa estricta de la soberanía nacional y la autodeterminación. El voto por el No mantendría intacta la actual redacción del artículo 5 de la Constitución, la cual prohíbe explícitamente el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares, así como la cesión de bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. 

La eliminación de esta prohibición, tal como se plantea en el anexo y argumentan opositores, abriría el riesgo de una intervención o injerencia extranjera en asuntos de seguridad interna, comprometiendo la autonomía del Estado ecuatoriano.

La votación del 16 de noviembre definirá si el Ecuador mantiene la prohibición total de bases e instalaciones militares extranjeras o si, por el contrario, reforma parcialmente el texto constitucional para abrir la posibilidad de negociar acuerdos que permitan su operación, con la finalidad de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado, la pesca ilegal y el narcotráfico en el territorio nacional.

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