La investigación por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, atraviesa una etapa marcada por contradicciones y una pugna de relatos donde destaca el testimonio anticipado del exoficial de inteligencia Ronal Herrera, alias Jonathan, quien declaró que le ofrecieron 300 mil dólares para cambiar su versión.

A todo esto se añade un escrito que circula en redes sociales, atribuido a otro testigo, Marcelo Lasso Saavedra, además de publicaciones en X de procesados como Xavier Jordán y José Serrano. En este contexto, dos abogados penalistas explican los efectos legales de esta disputa y las motivaciones que podrían estar detrás de la difusión de testimonios contradictorios.

¿Qué buscarían los procesados con estos testimonios contradictorios?

El penalista y constitucionalista Julio César Cueva señala que el uso reciente de declaraciones, audios y versiones distintas tiene como finalidad directa cuestionar a los testigos que sustentan la teoría del caso. Explica que, si se logra afectar la credibilidad de un testigo, también se debilita el peso de la prueba testimonial dentro del proceso penal.

“Están atacando la credibilidad del testigo porque, si mañana un juez no le cree por las contradicciones, es difícil condenar”, afirma. Según Cueva, esta estrategia podría estar motivada por la expectativa de que pronto exista un dictamen acusatorio: “Creería que saben que les van a hacer un dictamen acusatorio y que la corte los va a llamar a juicio”.

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El jurista indica que las acciones y publicaciones recientes de varios procesados reflejan un interés común en generar dudas respecto del sustento probatorio del caso. Describe que existe un esfuerzo por “desprestigiar la credibilidad de los testigos”, lo que, en un eventual juicio, podría beneficiar a los acusados. Cueva también menciona que la Fiscalía, en otros casos, ha recurrido a testigos con poca solidez, lo que ha generado críticas. En su criterio, ahora los procesados estarían replicando esa misma lógica mediante la exposición de contradicciones, cambios de versión y cuestionamientos públicos.

El valor de la prueba testimonial

El abogado penalista Kléber Riofrío explica que las versiones rendidas en fases tempranas de un proceso no sustituyen al testimonio presentado bajo juramento. Señala que el testimonio es la prueba que realmente se valora en juicio y que las versiones (como la que previamente dio Marcelo Lasso, y que fue diferente a su última declaración) sirven únicamente para detectar contradicciones.

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“Lo que los jueces van a valorar es siempre el testimonio”, afirma. Detalla que el testimonio anticipado es una herramienta para asegurar la declaración de una persona cuyo testimonio podría perderse, como en los casos de víctimas, agentes encubiertos, personas gravemente enfermas o aquellas que saldrán del país.

Riofrío aclara que el testimonio anticipado se puede receptar en investigación previa o instrucción fiscal, pero su valoración se realiza exclusivamente en la audiencia de juicio, junto con toda la prueba periférica necesaria para corroborarlo. “No es que el testimonio anticipado es una prueba irrefutable. Se debe valorar todo”, puntualiza.

El abogado añade que la multiplicación de declaraciones públicas, audios y cartas puede generar obstáculos en la búsqueda de la verdad, porque introduce múltiples tesis que deben ser revisadas. Precisa que, en términos generales, esa dispersión de versiones puede influir en el desarrollo de una investigación.

¿Por qué presentar una demanda en los Estados Unidos?

Consultado sobre la demanda presentada en Estados Unidos por Xavier Jordán, uno de los procesados, Riofrío explica que este tipo de acciones suelen responder a dos motivos: protegerse legalmente o responder a quienes impulsan el proceso penal.

Señala que los casos de alto impacto requieren defensa jurídica especializada y que una demanda internacional implica costos elevados por abogados, traducciones y desplazamientos. “En estos casos, el patrocinio requiere abogados de mucho nivel, y eso representa costos”, afirma. En criterio del penalista, este tipo de acciones también puede tener un efecto en los actores procesales, por el desgaste que implica afrontar una defensa simultánea en más de una jurisdicción.

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