Entre 2013 y 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) autorizó pagos por más de 8.000 millones de dólares a clínicas y hospitales particulares por la prestación de servicios médicos, debido a su insuficiente capacidad para atender a los afiliados.

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Esa suma, descomunal para la economía de los afiliados y jubilados que deben esperar meses o años para someterse a una operación, pudo destinarse a modernizar la propia red hospitalaria del Seguro Social. O, visto desde otra óptica, a construir 40 hospitales de 200 millones de dólares cada uno, como el Hospital del Norte Los Ceibos, en Guayaquil. Así lo señala Freddy Candelario, cuya esposa aguardó casi un año para recibir atención del IESS.

“Mi esposa ha tenido que ir cuatro o cinco veces por semana a verificar si hay reactivos en el Hospital Los Ceibos”, cuenta Candelario al salir de una consulta en Medicaldent, proveedor externo ubicado en la vía a Daule, el 20 de mayo pasado. Finalmente, debieron acudir a un hospital privado.

Los favorecidos del sector privado en medio de la crisis

En medio de la prolongada crisis, ciertos sectores han vivido tiempos de abundancia, como los proveedores de salud. Son 1.030 personas, que representan a 1.081 clínicas, hospitales privados y organizaciones, quienes recibieron pagos millonarios entre 2013 y 2025.

Casi la mitad de esos recursos se concentró en 15 personas naturales y otros representantes de más de 20 empresas y entidades, según el análisis de los registros del IESS realizado por EXPRESO, diario de Granasa, casa editorial a la que pertenece EXTRA,  dentro de la investigación Los dueños de la salud.

Esta segunda entrega expone el auge de varias compañías que han ofrecido servicios de diálisis, odontología, cirugías y otros procedimientos médicos a pacientes del IESS, y cuya estabilidad económica depende casi por entero del financiamiento público.

Para conocer la capacidad instalada de estas prestadoras, se envió un cuestionario de seis preguntas y amplió la revisión a 54 entidades, cuyos pagos oscilan entre 50 y 1.000 millones de dólares. Estas empresas operan en Guayaquil, Quito, Salinas (Santa Elena), Portoviejo, Cuenca y otras localidades. No obstante, únicamente 21 respondieron y una declinó participar.

El análisis de los datos que permitió identificar a los beneficiarios de los pagos del IESS también puso en evidencia sus bienes y modernas sedes.

$68 millones entregados por el IESS a un oftalmólogo

José Vicente Sacoto Navia, de la Clínica de Ojos, recibió pagos como persona natural por 68 millones de dólares del IESS por consultas, exámenes y cirugías, según los registros.

Comenzó a atender al IESS hace 15 años en una sede de 400 metros cuadrados en Portoviejo, Manabí. Actualmente posee catorce consultorios y diez quirófanos en cuatro sedes: Portoviejo, Santo Domingo y dos en Guayaquil. La más reciente, con cinco años de funcionamiento, se levanta en un terreno de 1.500 metros cuadrados en la exclusiva zona de Puerto Santa Ana.

“La utilidad de este prestador, que rondaría el 20 %, se ha reinvertido en infraestructura física y tecnológica”, explicó Sacoto en respuesta parcial a la solicitud de información.

Mencionó, además, una deuda del IESS por “varios millones de dólares” acumulada desde 2018, la cual ha sorteado, afirmó, mediante créditos bancarios, sin aportar mayores datos sobre la dependencia de sus sedes de los ingresos del Seguro.

En 2024 su nombre cobró notoriedad pública tras denuncias de pacientes por una presunta mala práctica que habría provocado ceguera, en un procedimiento con un medicamento supuestamente falsificado. La Fiscalía recibió tres denuncias por “lesiones” en septiembre y diciembre de ese año.

En ese momento, Sacoto aseguró haber alertado a las autoridades y que logró recuperar la visión de 11 de 13 pacientes. María José Torres, abogada de uno de ellos, señaló que esperan la formulación de cargos.

Un holding lidera los pagos a compañías privadas

En 2024, el holding estadounidense Davita ingresó al país y adquirió progresivamente once empresas (ver gráfico). Estas administran 22 clínicas que ya prestaban servicios de hemodiálisis al IESS.

Entre 2013 y 2025, estas empresas recibieron del Seguro Social alrededor de 433 millones de dólares. Sus ingresos dependen en un 40 % a 100 % de pagos públicos, según la compañía.

Por ejemplo, en 2023 Manadialisis S. A. registró ingresos por 26 millones de dólares: 42 % provenientes del IESS y 58 % del Ministerio de Salud.

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“Ofrecemos un servicio integral, lo que permite que los pacientes de diálisis en Ecuador tengan tasas de mortalidad mucho menores que en el resto de Latinoamérica y también menos hospitalizaciones”, afirmó Ana Andino Ruiz, representante del grupo.

Añadió que ser proveedor del IESS ya no genera la rentabilidad de otros años por los retrasos en pagos. Según dijo, el Seguro les adeuda unos 55 millones de dólares.

“No solo debemos cubrir los costos de atención normal, sino además pagar fuertes intereses por los préstamos que hemos debido contraer para seguir atendiendo”, indicó Andino, quien advirtió que podrían dejar de prestar servicios si las condiciones empeoran.

Los 64 consultorios de un odontólogo colombiano

Lo que en 2012 comenzó con siete consultorios adaptados en una vivienda de Kennedy Vieja, en Guayaquil, creció hasta convertirse en una cadena con cinco sedes y 64 consultorios odontológicos y de otras especialidades médicas, ubicados en Guayaquil y Salinas (Santa Elena).

Juan Carlos Nicholls Patiño, colombiano residente en Ecuador desde hace 30 años, dirige Servident S. A. Asegura que la prosperidad no es la misma, pues su principal cliente, el IESS, mantiene deudas que evitó precisar. En 2018, el 94 % de sus ingresos provinieron del sector público, según sus registros.

“No sé si llamarlo bonanza, pero sí había mucha demanda. El IESS nos enviaba muchos pacientes y esto estaba lleno. Nos preguntábamos: ‘¿Dónde ponemos otro consultorio? Abrámoslo aquí... avancemos hacia atrás’”, relató Nicholls en una de las tres casas que acondicionó como clínica (dos son de su propiedad).

Intentó justificar los pagos que recibió del IESS, que suman 93 millones de dólares, aclarando que su oferta incluye diversas áreas médicas.

“La odontología hoy representa apenas el 15 % de nuestras operaciones. Al final, yo hago un negocio”, expresó Nicholls, quien dijo que hasta el 19 de junio pasado el IESS no le renovaba el convenio de derivaciones, lo que lo obligó a solicitar créditos bancarios y a proveedores, además de despedir personal.

Pero Servident no es la única empresa vinculada a Nicholls que facturó al IESS. En la revisión aparecen otras cuatro que suman pagos por 163 millones de dólares, lo que eleva a 257 millones el total vinculado a él.

Sus hijos también participan en negocios de salud. Juan Carlos Nicholls Calderón integra Servident y, junto a su hermana Andrea, es accionista de Qualidental S. A., que ha facturado 66 millones de dólares al IESS.

“Fuimos creciendo hasta llegar a estas clínicas. Nos asociamos con otros y abrimos nuevas razones sociales, no quiero centrarme solo en Servident para no complicar”, señaló Nicholls.

Las demás empresas son Medisfarmaco S. A., Saludga S. A. y Sumimercsa S. A. Esta última, cuyo nombre comercial es Socialmed, ha tenido como gerente en varios periodos a Mónica Jordán, quien en 2016 ocupó el cargo de “administrador” en el IESS.

La gerente de Saludga S. A., Lisseth Balón, trabajó en el sector público entre 2014 y 2017, incluyendo el puesto de “jefe distrital de Talento Humano” en el Ministerio de Educación en 2015.

Un negocio familiar en expansión

Alboteoton S. A. e Industrial Inmobiliaria Teoton S. A. (ahora Teoton Servicios de Salud S. A. S.) acumulan 259 millones de dólares en pagos del IESS. Hasta enero de 2025, las dos estaban representadas en los registros del Seguro por Horacio Ponce Valverde (ya sin vínculo con Alboteoton).

Formaban parte del Grupo Hospitalario Kennedy, propiedad de la familia del actual presidente del directorio del IESS, Edgar José Lama von Buchwald. Su padre, Edgar Enrique Lama Valverde, adquirió Alboteoton y, desde mediados de 2024, la clínica —bajo el nombre Hospital de Especialidades de la Ciudad— opera de forma independiente.

Según datos de 2024, Alboteoton tenía “riesgo crediticio significativo por atenciones a pacientes derivados del IESS, que representan el 89 % de su cartera”. Hasta el año pasado, el Seguro le debía 9 millones de dólares.

El grupo también amplió su infraestructura, como la construcción de una torre médica en Samborondón, inaugurada en 2023 con una inversión de 13 millones de dólares.

Este Diario solicitó entrevistas a las empresas y al equipo de comunicación de Lama von Buchwald. El 11 de junio recibimos como respuesta que la agenda del funcionario estaba llena.

Además, las dos firmas figuran entre los beneficiarios de pagos observados por la Contraloría en 2021: 3,7 millones de dólares procesados sin respaldo entre 2016 y 2020. La solicitud de entrevista sigue sin respuesta.

Un pasado ligado al IESS y al Ministerio de Salud

Savercorp S. A., conocida como Semedic, es otro proveedor que recibió 128 millones de dólares del IESS, lo que constituye cerca del 92 % de sus ingresos, según registros.

Su expansión se refleja en el crecimiento de sedes. En 2012 contaba con un edificio de tres pisos en Urdesa. En 2014 abrió en el Guasmo Norte. Cinco años después inauguró otra sede en Noguchi y Bolivia. En 2024 sumaba siete sedes entre Guayaquil y Daule, además de un hospital con 111 consultorios y más de 100 camas, construido con 30 millones de dólares. Sus dueños son los esposos Jorge Enrique García López y Raquel Isabel Delgado Cabrera.

Según la Contraloría, ambos han ocupado cargos públicos. Delgado trabajó en el Ministerio de Salud entre 2010 y 2015. García fue director ejecutivo del mismo ministerio en 2010 y del Hospital del IESS en Milagro entre 2011 y 2013.

Mientras él ejercía funciones en el IESS, su hermana, Norma Cecilia, inició actividades en el sector privado, que luego se transformaron en un negocio familiar.

En 2011, Norma adquirió acciones de Savercorp, que vendió a su hermano en 2016. Durante esos años, la empresa recibió pagos importantes del IESS, que comenzaron en 2012: 1,6 millones de dólares en 2013, 3,2 millones en 2014 y 4,6 millones en 2015.

“En los primeros años de Semedic yo no era accionista. (Periodista: Pero su hermana lo era entre 2011 y 2016. ¿No ve conflicto de intereses?) Mire, no había relación con mi trabajo. Si yo hubiera intervenido, sí; pero no fue el caso”, sostuvo García, quien añadió que los pacientes eran derivados directamente por el IESS, que les pedía ampliar la oferta de atención.

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