Entre 2013 y 2025, el IESS desembolsó más de 8.000 millones de dólares a prestadores de salud privados, pero la tercera parte de Los dueños de la salud expone pagos sin respaldo, citas ficticias, proveedores sin autorización y conflictos de interés.

Las auditorías muestran controles frágiles y servicios deficientes, mientras pacientes reciben diagnósticos equivocados o insumos de baja calidad. El dinero público alimenta negocios, y los afiliados continúan esperando atención.

(Te invitamos a leer: Los centros médicos privados de Ecuador que se volvieron prósperos a costa del IESS)

Durante décadas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) parece haberse desarrollado como un organismo sin defensas: expuesto, vulnerable y sin capacidad de autorregularse.

Esto ha ocurrido a pesar de que ha habido recursos para curar sus problemas y evitar que sus asegurados resulten afectados por esas falencias, beneficiando económicamente a clínicas y hospitales privados.

En el periodo 2013–2025, el IESS asignó más de 8.000 millones de dólares a más de mil prestadores externos, debido a la falta de capacidad en sus dispensarios y hospitales, como lo indica la serie investigativa Los dueños de la salud que publica Diario EXPRESO desde el lunes anterior.

El análisis de una base de datos del IESS, documentos societarios y otras fuentes documentales y testimoniales revela que el dinero de afiliados y jubilados se ha concentrado en pocas manos privadas: grupos de prestadores administrados por una misma persona o vinculados entre sí, relaciones familiares entre proveedores, exfuncionarios del IESS y del Ministerio de Salud Pública.

Estos pagos incluso constituyen entre el 40 % y el 100 % de los ingresos de ciertas casas de salud privadas, mostrando una dependencia casi absoluta de los recursos de afiliados y jubilados.

En esta tercera parte se detallan las irregularidades detectadas en distintas etapas del proceso de atención a los asegurados y en los controles posteriores que realiza el IESS sobre los pagos a prestadores privados. Vistos desde un enfoque médico, estos hechos representan pinchazos al bolsillo del Seguro Social.

EXPRESO, Diario de Granasa, Casa Editorial a la que pertenece EXTRA, accedió a documentos del IESS, informes de la Contraloría y recogió testimonios de afiliados, médicos especialistas que trabajaron en hospitales, exfuncionarios clave de la institución, así como personal de centros particulares que han recibido a pacientes insatisfechos con las atenciones brindadas por prestadores del Seguro, y otros usuarios que buscaron atención sin éxito.

Controles débiles y auditorías permisivas

Informes de la entidad de control documentan las irregularidades encontradas por sus auditores, evidenciando problemas repetitivos en varias provincias.

Por ejemplo, en el examen especial a pagos a prestadores privados de Manta, en Manabí, realizados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 —por expedientes equivalentes a unos 81 millones de dólares—, se halló ausencia de supervisión.

En concreto, personal de la Coordinación de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí no verificó que los datos en la matriz de Excel sobre pacientes y procedimientos médicos estuvieran libres de inconsistencias o campos vacíos.

“El resultado es que no se garantiza la confiabilidad, exactitud e integridad de la información; ni la trazabilidad de las operaciones y procedimientos médicos de los pacientes del IESS”, señala el informe.

En ese mismo examen se menciona a prestadores que, durante la vigencia del convenio con el IESS, no tenían permisos de funcionamiento actualizados o carecían de acreditación para integrar la red privada complementaria.

Además, se detectó la falta de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas en los convenios con centros privados, lo que derivó en el envío de pacientes a establecimientos “que no cumplían los requisitos mínimos establecidos”.

Otro informe, sobre derivaciones de pacientes y pagos a prestadores en Guayaquil, revisó 80 lotes contables por un valor de 150 millones de dólares.

En dos lotes de diciembre de 2019, por ejemplo, personal de Gestión Financiera, del área legal y de auditoría médica del IESS-Guayas “no verificó que contengan todos los documentos habilitantes para su egreso económico, lo que llevó a reconocer prestaciones médicas sin sustento documental por 1’549.915,50 dólares”.

Relación estrecha en el Teodoro Maldonado Carbo

La Contraloría también expone casos de posible conflicto de intereses. Un ejemplo es “la persona natural que firmó un convenio (con el IESS) bajo el nombre comercial Cemego”. Esta empresa “prestó servicios de salud del 11 de marzo de 2021 al 31 de octubre de 2022”.

En ese lapso, dicha persona trabajaba en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Ginecología, como médico especialista, y además fue jefe de la unidad de Obstetricia, según el informe revisado por este Diario.

(Esto te puede interesar: Editorial: ¡La ‘cirugía’ que debe hacer Noboa!)

Las irregularidades detectadas por la Contraloría, tanto en la atención médica a cargo de prestadores externos como en los procesos de pago, reflejan problemas administrativos.

Este Diario solicitó información y entrevista al Seguro Social, pero las respuestas han sido escasas y aún no hay una cita oficial. Desde febrero se busca al entonces titular Eduardo Peña. Actualmente, Edgar Lama von Buchwald preside el Directorio, y sus familiares son dueños de dos empresas de salud proveedoras del IESS.

Más allá de la incapacidad del IESS para controlar procesos y fiscalizar pagos a clínicas, entre las atenciones a afiliados surgen historias de impotencia por tratamientos fallidos o materiales de mala calidad, según usuarios y especialistas.

Pacientes con relatos de negligencia y diagnósticos equivocados

“En 2022 tenía cita con el IESS en un prestador externo. Mi dentista particular me había dicho que mis calces no requerían cambio; pero en el prestador del IESS dijeron que había que reemplazarlos todos. Supuestamente lo hicieron, pero mi dentista comprobó que no fue así”, narra María, de 33 años, quien pide reserva de su identidad. También le resultó extraño que, en otras consultas, la atendiera un médico distinto al asignado.

Steven, odontólogo con consultorio privado en Sauces, Guayaquil, menciona que en 2023 recibió pacientes del IESS que no mejoraron tras ser atendidos en prestadores externos.

“La calidad era muy baja. Usaban material deficiente y técnicas inadecuadas. Ponían una plasta grande y se contraía porque no seguían protocolos”, explica. Cree que la poca dedicación de tiempo a cada paciente agravaba el problema.

Milton, de unos 70 años, relata que su esposa Magda acudió a un prestador del norte de Guayaquil, donde le dijeron que su rodilla estaba mejor. “Ella nunca tuvo problemas ahí. El médico dijo que en el sistema constaba un problema en los meniscos y que le habían hecho radiografías”, cuenta.

Prácticas indebidas en el Teodoro Maldonado Carbo

Un médico que trabajó más de una década en ese hospital renunció por el ambiente hostil. “Algunos ya sabían qué pacientes iban a operarse: camilleros, personal de limpieza. En una ocasión, un paciente me dijo que tres personas le pidieron dinero para derivarlo a cierto lugar”, relata.

También recuerda presiones para derivar exámenes sin justificación: “Un ecocardiograma básico costaba 120 dólares y se pedía derivar a diez pacientes diarios, sin respaldo”.

En una ocasión, personal de limpieza se le acercó con su nombre completo, lo que le generó temor y lo llevó a dejar el hospital. “Me asusté y dije: ‘Me voy de aquí’”.

Manipulación de citas y vulneración del sistema AS400

Las anomalías alcanzan al sistema de agendamiento del IESS. Informes internos muestran irregularidades en citas, chequeos ficticios y la posible implicación de una funcionaria.

En octubre de 2023, el call center (operado por Espoltel S. A., vinculada a la Espol) recibió quejas de citas agendadas sin consentimiento de los afiliados. Un caso registrado indica que una afiliada, al acudir al Teodoro Maldonado Carbo, fue informada de atenciones y exámenes que nunca recibió.

Ricardo Gavilanes, vocero de Imedent, aseguró que la paciente fue atendida y presentó documentos como respaldo.

Otra alerta surgió cuando una teleoperadora denunció el “reseteo” de su clave el 13 de octubre de 2023, cuando no trabajaba. El análisis determinó que la usuaria PDMF (Pisco Demera María Fernanda), funcionaria en Guayas, realizó habilitaciones a otros usuarios desde una IP vinculada a la VPN del IESS. Desde esa conexión se asignaron 731 citas para 2023 y 2024.

Espoltel declinó una entrevista por confidencialidad, y el IESS aún no responde. Mientras los controles institucionales permanecen silenciosos, los pacientes pagan con tiempo lo que el Seguro ya canceló con dinero, y los prestadores calculan sus próximos pasos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!