La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador, conocida como Chijallta FICI, anunció este miércoles 1 de octubre de 2025 una tregua temporal en sus acciones de movilización. La decisión, presentada en un comunicado público, buscaría dar paso a una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y fue calificada como un gesto de buena fe.

El documento, difundido desde Otavalo, plantea que la medida responde a un compromiso histórico de los pueblos indígenas con la no violencia y la construcción de soluciones pacíficas.

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Sin embargo, la declaración no fue recibida de manera uniforme ni dentro del propio movimiento indígena ni entre voces políticas y de seguridad. Mientras la Federación hablaba de “apertura al diálogo” y pedía que este se dé en un espacio intercultural con garantes nacionales e internacionales, otros sectores denunciaban divisiones internas y advertían que la supuesta calma podría convertirse en una estrategia de reagrupamiento.

Lo que dice la federación

El boletín firmado por Chijallta FICI incluye tres anuncios centrales:

• Tregua temporal en las movilizaciones, como gesto de apertura hacia el Gobierno.
• Disposición al diálogo, bajo el principio de respeto mutuo y buena fe, para que los derechos colectivos sean reconocidos y escuchados.
• Exigencia de un espacio intercultural, que garantice la participación de comunidades y autoridades ancestrales, con base en el artículo 1 de la Constitución, que reconoce al Ecuador como Estado intercultural y plurinacional.

El texto además presenta una serie de demandas: respeto a los derechos colectivos consagrados en el artículo 57 de la Constitución; cese de la criminalización y de la judicialización de dirigentes; cumplimiento de compromisos vinculados a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; además de la presencia de observadores externos en dichas conversaciones.

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“Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la no violencia y la búsqueda de soluciones pacíficas que garanticen el buen vivir de todos los ecuatorianos”, dice el comunicado. La Federación, que agrupa a pueblos como los Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte, subraya que el diálogo intercultural es la vía para resolver conflictos y construir acuerdos duraderos.

Análisis de Henry Cucalón, exministro de Gobierno

En paralelo, el exministro de Gobierno Henry Cucalón, consultado por EXTRA, analizó la tregua con una mirada más escéptica. Según él, es necesario evaluar si este gesto es realmente un paso hacia la paz o si, por el contrario, podría convertirse en una estrategia de distracción, un “caballo de Troya” para reagrupar fuerzas y llevar las protestas a las grandes ciudades, como sucedió en los paros de 2019 y 2022.

“Espero que no sea una treta. El país, su seguridad y la paz social no se lo merecen”, expresó. Y agregó que todo ciudadano tiene derecho a reclamar, pero que no puede confundirse la protesta legítima con vandalismo, violencia o paralización de servicios esenciales.

“Si esta tregua es una oportunidad para dialogar sobre cómo se van a usar los recursos del subsidio eliminado o cómo mejorar las compensaciones, bienvenida sea. Pero si es una estrategia para chantajear al Gobierno, la respuesta está en la ley”, puntualizó.

Cucalón subrayó que el diálogo es indispensable, pero no puede sostenerse con actores que promuevan “el caos y la anarquía”. Recordó que en protestas pasadas hubo destrucción de bienes públicos y privados y que se concedieron amnistías “que nunca debieron darse porque había delitos de por medio”.

“La eliminación del subsidio era necesaria. No favorecía a los más pobres; fomentaba el contrabando y la minería ilegal. Ahora, que las compensaciones sean perfectibles, sin duda; pero no se puede usar la protesta como excusa para imponer agendas ajenas al tema central”, sostuvo.

Policías heridos durante protestas

La tregua ocurre en medio de un paro nacional que ya ha generado múltiples cierres de vías en la Sierra y enfrentamientos violentos en Quito e Imbabura. Según datos oficiales, más de 30 policías han resultado heridos en las protestas de los últimos días y 16 militares fueron retenidos y liberados con lesiones de consideración.

En ese escenario, las palabras de Henry Cucalón se alinean con la postura de sectores que priorizan el orden público y la seguridad interna como condiciones no negociables. A su juicio, cualquier intento de instrumentalizar la tregua como estrategia de movilización encubierta sería “inaceptable y sancionable”.

¿Diálogo o chantaje?

El comunicado de Chijallta FICI concluye invitando al Gobierno, a las autoridades locales y a la sociedad civil a construir “soluciones reales que garanticen el buen vivir, la justicia social y la paz duradera”. También advierte que se mantendrán “atentos y vigilantes” al cumplimiento de los compromisos que surjan del diálogo, recordando que “la paz se construye con hechos concretos y no solo con palabras”.

Henry Cucalón, en cambio, insistió en que el proceso de diálogo debe ser serio y limitado a las demandas legítimas: “No puede ser un mecanismo para imponer condiciones que trascienden el tema del subsidio o que busquen chantajear al Estado”.

Divisiones en el movimiento indígena

El anuncio de tregua por parte de Chijallta FICI no fue respaldado por todas las organizaciones del norte. El Pueblo Kichwa Karanki, a través de un pronunciamiento emitido en simultáneo, se desmarcó de la declaración y denunció lo que consideran “violaciones graves a los derechos humanos” por parte del Gobierno en el contexto de las movilizaciones.

Para los Karanki, el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, ha profundizado la crisis social y encarecido la vida cotidiana. También expresaron su rechazo a la propuesta de una nueva Constitución, al considerarla un riesgo de “eliminar derechos alcanzados con años de lucha”. Además, criticaron la legitimidad de Mesías Flores, presidente de Chijallta FICI, señalando que “no se ha puesto al frente de la coordinación ni tiene la autoridad legítima para negociar”.

En palabras de Lenin Farinango, dirigente del Pueblo Karanki, “ahora quiere aparecer para dialogar con el Gobierno, pero no nos ha tomado en cuenta”. Las diferencias evidencian la fragmentación del movimiento indígena en torno a la estrategia frente al Gobierno: mientras unos apuestan por el diálogo condicionado, otros insisten en la resistencia activa y en la derogatoria inmediata del Decreto 126.

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