Quito: El caso de la mujer baleada afuera de iglesia revela cómo aplicar justicia opaca la verdad
El proceso por el crimen de la adulta mayor no es el único con irregularidades. EXTRA recuerda dos impactantes hechos perpetrados en la capital en tres años
El crimen de Mónica ocurrió el 16 de marzo de 2025, en Rumipamba, norte de Quito.
El crimen de Mónica, de 70 años, asesinada afuera de una iglesia en el norte de Quito, cumplió un año. Su caso se ha convertido en un reflejo de cómo la verdad puede quedar atrapada entre decisiones judiciales cuestionadas y la muerte de piezas clave en una investigación. EXTRA repasa este y otros dos brutales asesinatos en los que la justicia no llegó como esperaban las familias.
El 16 de marzo de 2025, la adulta mayor fue baleada antes de ingresar a una iglesia, en la calle Pedregal, sector Rumipamba. Por este hecho fueron detenidas cinco personas: su hijo, quien ya estaba preso por otro delito; dos nietos; el presunto sicario y una mujer.
Quito
Crimen en iglesia de Quito: ¿Quién era el presunto sicario y qué revela su muerte del caso?
Miguel Ángel González
Uno de los momentos más críticos fue la muerte del supuesto asesino, en noviembre de 2025, dentro de la cárcel de El Inca. La familia no fue notificada oficialmente y se enteró por terceros, lo que incrementó su malestar. Para sus allegados, su fallecimiento significó la pérdida de una pieza clave: alguien que pudo revelar quién ordenó el crimen y cómo se ejecutó.
A esto se sumó la liberación de uno de los nietos, quien recibió medidas sustitutivas. La decisión generó indignación. “Esperemos que no tengamos la noticia de que se escapó”, dijo un allegado. Otro implicado permanece prófugo, lo que refuerza la sensación de impunidad.
Para la criminóloga Alexandra Mantilla, esto no es casual. Explica que en el sicariato el ejecutor es el eslabón más visible, pero también el más vulnerable, ya que puede señalar al autor intelectual. Su muerte corta la línea más directa hacia la verdad.
Según la experta, estos crímenes siguen una lógica estructurada: planificación, seguimiento, contratación del sicario y ejecución. Por eso, eliminar al ejecutor protege a quienes están detrás.
"El sicario es la punta de la lanza. Debajo de él existen personas que planifican y mentalizan el cometimiento de un crimen”.
En el caso de Mónica, esta hipótesis se refuerza por un posible vínculo entre el sicario y el hijo de la víctima dentro de la cárcel. Las prisiones, advierte, funcionan como espacios donde se tejen redes criminales.
Mantilla añade que, en los parricidios, el móvil suele ser económico. La víctima deja de ser vista como un ser querido y pasa a ser un obstáculo.
El caso de Jesús Pineda Valero
Aquí, Zunilda compartiendo su último cumpleaños con Greison, el 11 de noviembre de 2023.
Mientras el caso de Mónica avanza con tropiezos, otras historias reflejan el impacto humano de la violencia. Una de ellas es la de Jesús Pineda Valero, joven venezolano asesinado y descuartizado en el norte de Quito, el 21 de abril de 2024.
Por este crimen fueron señaladas dos personas: María Belén Rodríguez Torres y Ronny Ibrahim Vera Brayes. Solo la primera fue capturada y sentenciada a 17 años de prisión por homicidio.
Para Zunilda Valero, madre de la víctima, la pena es insuficiente frente a la brutalidad del caso. Desde Venezuela, contó a EXTRA que no puede vivir en paz. “Yo no me lleno el corazón de odio porque tengo tanto dolor”, dice.
Asegura que no busca venganza, sino respuestas. “¿Por qué le hicieron eso a mi hijo?”, se pregunta. Ante la falta de respuestas, se aferra a la fe. “El tiempo de Dios es perfecto”, repite.
"Existe una crisis estructural en el sistema de justicia y una corrupción extendida en las instituciones encargadas de administrarla”.
El exmagistrado Hernán Ulloa advierte que estos casos no son aislados, sino parte de una crisis estructural del sistema judicial. Señala fallas en la aplicación de la ley y posibles actos de corrupción.
También indica que muchos operadores de justicia trabajan bajo presión de organizaciones criminales, lo que afecta las decisiones y el desarrollo de los procesos. A esto se suma el uso de medidas sustitutivas, que permiten a procesados enfrentar juicios en libertad, con el riesgo de fuga o interferencia.
La historia de Letty Cando
A Stalyn Caiza le reformularon cargos y se lo indagaba por femicidio.
El caso de Letty Cando evidencia otro problema. La joven auxiliar de enfermería fue asesinada y descuartizada el 3 de septiembre de 2023. Sus restos fueron hallados en el parque Guangüiltagua.
El principal sospechoso, Stalyn Caiza, fue detenido y procesado por femicidio. Sin embargo, en enero de 2024 fue encontrado muerto en la cárcel de El Inca.
El abogado Galo Quiñónez explica que, según la ley ecuatoriana, la acción penal se extingue con la muerte del procesado. “Ya no hay reparación ni condena”, señala. En este caso, la muerte del acusado impidió una sentencia definitiva, dejando a la familia sin cierre.
Quiñónez también cuestiona las condiciones carcelarias, donde no se garantiza la seguridad de los detenidos, pese a la responsabilidad del Estado. Cuando un procesado muere, no solo se pierde una vida, sino también la posibilidad de conocer la verdad. El caso queda incompleto.
Los asesinatos de Mónica, Jesús Pineda y Letty Cando tienen algo en común: violencia extrema, investigaciones debilitadas y una verdad que nunca termina de salir a la luz.