Toque de queda en cuatro provincias: ¿Cómo se ejecutarán estos operativos? Expertos analizan

Durante varios días, el Gobierno habló de operativos de gran magnitud contra las economías criminales y de la necesidad de restringir la movilidad nocturna para facilitar intervenciones del Bloque de Seguridad. Las advertencias del ministro del Interior, John Reimberg, apuntaban a una ofensiva fuerte contra estructuras delictivas y a evitar víctimas colaterales durante las operaciones.

El problema era que, mientras esas declaraciones circulaban, el decreto que debía establecer las reglas de la medida todavía no existía. El anuncio de la restricción nocturna comenzó a tomar forma pública antes de que se conociera el instrumento jurídico que debía regularla.

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La restricción finalmente se formalizó con el Decreto Ejecutivo 329, firmado la tarde del viernes 13 de marzo de 2023 por el presidente Daniel Noboa, que reformó el estado de excepción vigente y estableció la limitación del derecho a la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00 en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿A qué responde esta medida según el Gobierno?

El Gobierno sostiene que la medida responde a informes de inteligencia que ubican en ese horario el mayor número de homicidios múltiples, ataques armados y atentados vinculados al crimen organizado.

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Según los reportes citados en el decreto, esas provincias concentran buena parte de los hechos violentos registrados en el país, por lo que la restricción de movilidad supuestamente busca facilitar las operaciones del Bloque de Seguridad y reducir la exposición de civiles durante las intervenciones.

Sin embargo, cuando el decreto apareció, el debate ya estaba instalado. La discusión no se centraba solo en la legalidad de la medida, sino en el hecho de que el Gobierno había adelantado anuncios sobre operativos y restricciones sin que todavía estuviera publicada la normativa que los sustentaba.

Explicaciones que se deben rendir ante la Corte Constitucional

El abogado penalista y constitucionalista Julio César Cueva considera que, desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo tenía margen de acción porque el país ya se encontraba bajo estado de excepción.

Ese contexto, explica, permite adoptar decisiones extraordinarias en materia de seguridad y posteriormente detallarlas mediante decretos que regulen su aplicación concreta.

Cueva señala que incluso puede ser comprensible que el decreto se publique cerca del momento de su ejecución si se trata de operaciones sensibles desde el punto de vista de seguridad.

No obstante, advierte que la discusión no termina con la firma del decreto. A su juicio, el Gobierno deberá explicar posteriormente qué operaciones se realizaron y si las restricciones aplicadas fueron proporcionales frente a la amenaza invocada.

Ese análisis será relevante si las medidas deben ser evaluadas por la Corte Constitucional, que revisa la legalidad y necesidad de las disposiciones adoptadas durante los estados de excepción, menciona.

Dudas y críticas ante el toque de queda

El analista político Mauricio Alarcón observa el episodio con mayor preocupación. Para él, el hecho de que se hablara de operativos y restricciones antes de que existiera el decreto generó un escenario de incertidumbre institucional.

Según explica, anunciar acciones de fuerza sin que estén definidas formalmente sus reglas plantea problemas de transparencia, seguridad jurídica y rendición de cuentas.

Alarcón sostiene que cuando se anuncian restricciones de derechos sin que el instrumento jurídico esté publicado, la ciudadanía no tiene claridad sobre los límites reales de la medida.

También cuestiona el manejo comunicacional del tema. Desde su perspectiva, advertir sobre operativos fuertes, incluso mencionando cooperación internacional, sin que el decreto estuviera vigente generó especulación y dudas sobre el alcance real de las acciones.

Una mirada regional al toque de queda

El investigador del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Renato Rivera, analiza el fenómeno desde una perspectiva más amplia. En su criterio, la reiteración de estados de excepción en varios países de América Latina refleja debilidades institucionales para enfrentar de forma estructural al crimen organizado.

Rivera explica que este tipo de medidas suele concentrar la respuesta del Estado en la fuerza, especialmente en los militares, mientras las instituciones civiles encargadas de investigación y justicia continúan mostrando fragilidades.

También cuestiona la forma en que se presentan los resultados de estos operativos. Según señala, mostrar cifras de detenidos como indicador principal de éxito no necesariamente implica una reducción real de la criminalidad.

En algunos casos, añade, las detenciones masivas pueden terminar involucrando a personas sin relación directa con los delitos investigados, lo que posteriormente genera liberaciones judiciales y mayor desconfianza institucional.

No existiría factor sorpresa

El exoficial de inteligencia Kléber Carrión pone atención en otro elemento que considera llamativo: la previsibilidad de los anuncios. En operaciones policiales o militares, explica, el factor sorpresa suele ser determinante para golpear estructuras criminales.

Por eso considera poco habitual que el Estado anuncie con tanta anticipación un toque de queda asociado a operativos de seguridad. Carrión plantea que esos anuncios también pueden interpretarse como una forma de presión psicológica dirigida a las economías criminales.

En contextos de confrontación con organizaciones delictivas, explica, los mensajes públicos pueden buscar alterar el comportamiento de esos grupos antes de una intervención. Pero advierte que esa estrategia también implica riesgos, porque si los resultados no son visibles el costo político puede recaer sobre el propio Gobierno.

Sin salvoconductos durante el toque de queda

Otra de las particularidades del decreto es que no contempla la emisión de salvoconductos generales, un mecanismo que en otros toques de queda se había utilizado para autorizar la circulación de determinadas personas o sectores durante las horas de restricción. 

En esta ocasión, el Gobierno optó por un esquema distinto: en lugar de permisos individuales, el documento define de forma cerrada qué actividades pueden movilizarse durante la restricción, mientras el resto de la población debe permanecer en sus domicilios.

El decreto delimita esa circulación a sectores considerados esenciales o directamente vinculados con la seguridad y la atención de emergencias, así como a actividades logísticas indispensables para el funcionamiento del país. Fuera de esos casos específicos, cualquier desplazamiento quedaría sujeto a control de policías y militares desplegados durante los operativos.

Dentro de ese listado de excepciones no se incluye de forma expresa a periodistas ni a equipos de medios de comunicación, lo que implica que la cobertura directa de operativos nocturnos quedaría fuera de las actividades autorizadas para movilizarse durante la restricción.

Esto introduce un elemento poco habitual en este tipo de medidas: las intervenciones del Bloque de Seguridad se ejecutarían en calles sin presencia de observadores externos, ya que el decreto busca limitar la circulación a las actividades estrictamente necesarias para emergencias, seguridad y servicios estratégicos.

Antecedente: El caso de Las Malvinas

El temor a posibles abusos durante operativos de gran escala también se sumó al debate del toque de queda. En Ecuador pesa todavía el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que se convirtió en uno de los episodios más graves y sensibles de la crisis de seguridad reciente.

Los menores Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por militares en Guayaquil y, tras ese procedimiento, desaparecieron. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en Taura, en la provincia del Guayas; después, las autoridades confirmaron su identidad.

El caso escaló por la gravedad de los hechos y por las preguntas que abrió sobre el actuar de la fuerza pública en medio del conflicto interno. No se trató solo de una denuncia por un procedimiento irregular: la Corte Constitucional, en una sentencia emitida en marzo de 2026, concluyó que hubo desaparición forzada y dispuso medidas de reparación, entre ellas el reconocimiento público de responsabilidad del Estado.

Por eso, cuando ahora el Gobierno anuncia operativos intensos, restricciones severas de movilidad y una ofensiva directa contra estructuras criminales, ese antecedente reaparece de inmediato en el debate. 

El exoficial de inteligencia Kléber Carrión interpreta que el caso dejó a militares y policías bajo una presión distinta, más cautelosos frente a procedimientos que luego puedan ser cuestionados en la justicia o en instancias constitucionales.

En una línea similar, el abogado Julio César Cueva considera que, después de Las Malvinas, cualquier operación bajo estado de excepción estará sometida a un escrutinio mucho más riguroso en términos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.