Franco Quezada Montesinos fue destituido oficialmente del cargo de alcalde del cantón Loja, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en una sesión extraordinaria realizada la tarde del viernes 18 de julio de 2025, ratificara la resolución emitida por el Concejo Municipal el pasado 26 de junio. El fallo se dio a conocer a las 12:54 y es de última instancia, sin posibilidad de apelación.

(Te invitamos a leer: La sarcástica reacción de Rafael Correa a Daniel Salcedo: así le respondió)

La decisión del organismo electoral se convierte en un parteaguas para la política local, tras una gestión marcada por la inestabilidad y la crítica ciudadana, especialmente por la crisis en el servicio de agua potable que afecta a la ciudad desde hace más de tres meses. La falta de soluciones oportunas al problema del desabastecimiento fue una de las principales causas de malestar en la comunidad, sumado a cuestionamientos sobre el manejo administrativo del Cabildo.

Asume la vicealcaldesa

Con la confirmación de la remoción, asumirá la administración municipal la actual vicealcaldesa, Diana Carolina Guayanay Llanes, quien tendrá la responsabilidad de encaminar un proceso de transición en medio de una crisis política, administrativa y social. El Concejo Municipal deberá reunirse en los próximos días para designar al nuevo vicealcalde o vicealcaldesa que completará el equipo de gobierno hasta 2027.

La remoción de Quezada se concretó tras un segundo proceso impulsado desde la ciudadanía. El comerciante Ramiro Delgado Vallejo presentó la solicitud que prosperó, luego de que un primer intento liderado por el concejal Santiago Erráez no alcanzara los votos necesarios. Ambos procesos se fundamentaron en cinco causales contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre ellas el incumplimiento de funciones.

Durante la audiencia en la que se trató el caso actuaron cinco jueces del TCE, entre ellos el lojano Richard González Dávila y el zamorano Ángel Torres Maldonado. La mayoría del pleno se inclinó por ratificar la decisión adoptada previamente por el Cabildo lojanista, al considerar que el proceso de remoción cumplió con el debido procedimiento y respetó los derechos del exalcalde.

El fallo del TCE pone fin a tres meses y 18 días de incertidumbre institucional en la capital de la provincia de Loja, periodo en el que la población ha enfrentado, además, prolongadas interrupciones del servicio de agua potable, protestas sociales y un debilitamiento progresivo de la gobernabilidad local.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!