Cuestionamientos al Municipio de Quito por contratos con organismos internacionales
Contratos con UNOPS y PNUD bajo la lupa por presuntas irregularidades, comisiones millonarias y glosas que involucran al Municipio de Quito
En Quito, compra de camiones es uno de los asuntos de contratación pública que han estado bajo la lupa.
El Municipio de Quito enfrenta una creciente controversia por cuatro procesos de contratación ejecutados mediante convenios con agencias del sistema de Naciones Unidas, principalmente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque estos mecanismos están contemplados en la ley, concejales, técnicos y organismos de control cuestionan su uso por considerar que habrían servido para evadir el Sistema Nacional de Contratación Pública.
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Las alertas no solo se han quedado en el ámbito político. La Contraloría General del Estado y la Fiscalía han iniciado exámenes y seguimientos sobre estos contratos, que en conjunto suman decenas de millones de dólares.
En al menos uno de los casos ya se determinan responsabilidades administrativas y civiles, una glosa millonaria e indicios de responsabilidad penal.
¿Por qué se cuestiona el uso de convenios con organismos de la ONU?
Según los concejales denunciantes, el problema no radica en la legalidad del mecanismo, sino en la forma en que fue aplicado. En estos contratos, el financiamiento internacional resulta mínimo frente a la inversión municipal, lo que, a su criterio, debió obligar a seguir el régimen ordinario de contratación pública.
El concejal Andrés Campaña explicó que el Municipio justificó los convenios alegando “financiamiento internacional”, figura que habilita excepciones. Sin embargo, los aportes de las agencias habrían sido simbólicos frente a los montos desembolsados por la ciudad.
El caso de los trolebuses eléctricos
Las primeras denuncias surgieron en abril de 2025, cuando cinco concejales cuestionaron la compra de 60 trolebuses eléctricos por cerca de 35 millones de dólares, ejecutada a través de UNOPS.
Concejales advierten que el Sistema Integrado de Recaudo replica un esquema contractual cuestionado.
De ese monto, el organismo internacional aportó alrededor de 50.000 dólares, pero cobró una comisión de 2,5 millones. Campaña fue enfático: “Resulta insostenible hablar de financiamiento internacional cuando el Municipio pone 35 millones y el organismo apenas 50.000 dólares, pero luego cobra millones en comisiones”.
A esto se sumó la confidencialidad de los contratos, que habría limitado el acceso a la documentación, incluso para el propio Municipio.
¿Qué dijo la Contraloría?
En diciembre de 2025, la Contraloría concluyó que existió evasión del Sistema Nacional de Contratación Pública, un pago ilegal de comisiones, una glosa por 2,5 millones de dólares y sanciones administrativas, además de indicios de peculado.
La Empresa de Pasajeros de Quito rechazó el informe, argumentando que el proceso se ajustó a la Constitución, la ley y los convenios internacionales.
Camiones recolectores: un segundo foco de críticas
Otro contrato bajo la lupa es la compra de camiones recolectores de basura por 5 millones de dólares, a través del PNUD. En este caso, no existió aporte financiero internacional, pero la comisión bordearía el 5% del contrato.
Los seis camiones quedaron fuera de servicio en menos de siete meses. Una pericia de la Escuela Politécnica Nacional concluyó que no eran aptos para operar, lo que motivó un nuevo examen especial de la Contraloría, aún en curso.
Un patrón que se repite en otros proyectos
Para los ediles, los trolebuses y los camiones no son hechos aislados. El Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y los sistemas inteligentes de tránsito replican el mismo modelo:
- Aportes internacionales mínimos
- Inversiones municipales millonarias
- Comisiones cercanas al 4 %
- Restricciones de acceso a la información
“El eje de movilidad completo está atado a este esquema opaco”, sostuvo el concejal Wilson Merino.
¿Qué dicen los expertos y el alcalde?
El especialista en gobernanza local Jaime Morán advirtió que cuando los recursos son íntegramente municipales, debe aplicarse el Sistema Nacional de Contratación Pública, pues usar organismos internacionales como intermediarios podría interpretarse como una forma de eludir el régimen ordinario.
Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz ha defendido los contratos, asegurando que se ejecutaron conforme a la Constitución y los convenios internacionales. UNOPS, a su vez, afirmó que el proceso de los trolebuses cumplió con los estándares de Naciones Unidas.
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