Ley de gasto de GAD: Pabel Muñoz critica la decisión y advierte sobre consecuencias sociales

La aprobación del informe para segundo debate de la Ley de gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la Asamblea Nacional abrió una nueva fase de tensión entre el Legislativo y las autoridades locales. 

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Con seis votos a favor y dos en contra en la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto urgente avanzó hacia el Pleno, mientras crecen las alertas sobre su impacto en servicios sociales que hoy benefician a miles de ciudadanos en todo el país.

La propuesta apunta a reforzar la aplicación de la llamada regla fiscal 70/30, que obliga a que el 70 % de los presupuestos municipales y prefecturales se destinen a inversión y el 30 % a gasto corriente. 

Aunque la medida se presenta como una forma de priorizar obra pública y desarrollo, alcaldes y prefectos sostienen que su aplicación rígida no distingue entre gasto administrativo y programas sociales que, aunque se clasifican como gasto corriente, cumplen un rol de inversión directa en bienestar.

¿Qué busca cambiar la Ley de gasto de GAD?

El texto aprobado ratifica el esquema 70/30 para todos los GAD. Sus impulsores señalan que la norma permitirá una gestión más eficiente de los recursos y limitará el crecimiento del gasto operativo. Sin embargo, desde los territorios se advierte que el impacto podría ser inverso si obliga a recortar servicios que atienden a población vulnerable.

Varios gobiernos locales han enviado observaciones a la Asamblea, en las que solicitan ajustes técnicos para que la ley reconozca la inversión social como un componente legítimo del desarrollo, aun cuando su ejecución se registre como gasto corriente.

Pabel Muñoz califica la reforma como un “grave error”

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue uno de los primeros en reaccionar tras la aprobación del informe, este 18 de febrero de 2026. En la red social X, calificó la decisión legislativa como “un grave error” y alertó sobre consecuencias inmediatas para la capital.

Según explicó, la aplicación estricta de la regla podría provocar despidos masivos y afectar la continuidad de programas esenciales. Solo en Quito, dijo, el impacto podría traducirse en cerca de 5.000 desvinculaciones. “El peor de los mundos: gente sin servicio y profesionales sin empleo”, afirmó.

¿Servicios municipales estarían en riesgo?

Muñoz detalló que numerosos programas operan bajo la categoría de gasto corriente, pero generan un impacto social directo. Entre ellos están el programa de desarrollo infantil Quito Wawas, que atiende a más de 5.000 niños; las unidades educativas municipales; el Hospital del Día del Norte y otros centros de salud; así como servicios de salud mental.

También mencionó iniciativas como Puntos 60, Piquito, Casa Somos, comedores comunitarios y casas hogar para adultos mayores. A esto se suman fondos de capital semilla para emprendedores, subsidios al transporte público y el funcionamiento de teatros, museos, bibliotecas y centros culturales.

Un debate que sigue abierto

El alcalde aclaró que no se opone a una regla fiscal que priorice la inversión, pero sostuvo que Quito ya cumple con estándares elevados de ejecución. Además, rechazó que el debate se centre en gastos marginales, como eventos culturales.

Finalmente, pidió a los asambleístas que escuchen a las autoridades locales, dialoguen con los beneficiarios de los programas sociales y promuevan un análisis técnico antes de modificar el marco legal.