La Contraloría General del Estado encendió una nueva alerta sobre la gestión de la primera línea del metro de Quito. El examen especial que revisó el periodo 2020–2024, identifica responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal en decisiones técnicas, contractuales y patrimoniales de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ).

Los hallazgos no solo revelan fallas de control, sino también omisiones que, según el órgano de control, generaron perjuicios económicos y vulneraron la Ley de Contratación Pública. Uno de los hallazgos más sensibles es que los inversores de tracción instalados en los trenes no alcanzan el rendimiento técnico establecido en el contrato, pese a haber sido aceptados como conformes.

Ese incumplimiento afectaría la eficiencia operativa del sistema y refleja —dice el informe— deficiencias en la supervisión y fiscalización de la obra. Este tipo de irregularidades, según la Contraloría, genera responsabilidades administrativas y podría constituir un indicio penal por aceptar bienes que no cumplen lo contratado.

Este punto fue inmediatamente retomado por el concejal Andrés Campaña, quien sostiene que estas fallas responden a advertencias hechas desde hace más de dos años. “Durante todos estos años he solicitado que se informe sobre la situación del Metro de Quito. Siempre desvirtuaron mis preocupaciones. Hoy, la Contraloría ya estableció responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal. Tendrán que responder ante la justicia”, dijo a EXTRA.

Otro eje del informe es la contratación de seguros, mantenimiento y servicios complementarios mediante ampliaciones del convenio principal, sin procesos de selección pública. Para la Contraloría, estos servicios no eran inherentes a la obra y debieron licitarse obligatoriamente.

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La Contraloría halló diversas irregularidades en el caso metro de Quito

Este fue uno de los puntos que Campaña exigió revisar desde 2024. Él recuerda que, en septiembre de ese año, pidió formalmente a la Contraloría un examen especial a la empresa. “El órgano de control ratificó nuestras permanentes preocupaciones: evasión de la ley de contratación pública en los mantenimientos de los trenes y perjuicios económicos por los daños en las unidades tractivas. Durante más de dos años, el alcalde, sus gerentes y concejales desvirtuaron nuestras observaciones”, aseguró.

La auditoría dedica un apartado al siniestro de la Unidad de Tracción 16 (UT16). Aunque los seguros debían cubrir cualquier daño durante la ejecución y pruebas, la empresa no recibió indemnización, y —según Contraloría— no exigió que el contratista active la póliza correspondiente.

El resultado fue un perjuicio económico directo que, para el concejal Campaña, confirma la falta de control en la administración. Según él, el caso UT16 demuestra que “nuestras observaciones no eran exageradas, sino ignoradas”.

El informe también señala que bienes adquiridos mediante el contrato de material rodante no fueron registrados en el patrimonio institucional, lo que vulnera los principios de contabilidad pública. Además, detecta diferencias entre las cantidades de obra planificadas y ejecutadas, sin sustento técnico suficiente para los ajustes aplicados. “Hoy ya no son dudas ni sospechas: la Contraloría habla de casi USD 6 millones sujetos a responsabilidades. Eso debió corregirse a tiempo”, insistió.

Tras la difusión del examen, la Empresa Metro de Quito rechazó “de forma categórica” los resultados. En un comunicado, la institución aseguró que la Contraloría actuó con “desconocimiento de convenios internacionales, normativa europea, contrato FIDIC e instrumentos legales” que rigen la obra; señaló que el organismo anticipó hallazgos a medios de comunicación, y advirtió que ejercerá acciones legales para defender su gestión.

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