Lo que debía ser un espacio para el deporte terminó convertido en un escenario de violencia. En la comuna rural San Miguel del Común, parroquia Calderón, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un gimnasio que operaba sin permisos municipales y donde, según las denuncias de vecinos, se organizaban peleas ilegales entre adolescentes.

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La intervención se realizó dentro del plan Quito en control, que busca detectar y cerrar negocios que incumplen con la normativa local. En este caso, los funcionarios encontraron que el local no contaba con licencias de funcionamiento, medidas de seguridad ni supervisión técnica para actividades deportivas.

Una denuncia que reveló una tragedia

La clausura se dio luego de que los moradores denunciaran constantes gritos, música y aglomeraciones los fines de semana.

Lo que parecía una simple rutina de entrenamiento escondía algo más grave: peleas organizadas por el administrador, quien presuntamente cobraba un dólar por cada enfrentamiento y permitía apuestas entre los asistentes.

Las denuncias vecinales se intensificaron después de conocerse la historia de un niño de 12 años, quien —según sus familiares— murió en noviembre de 2024 tras participar en una de esas peleas.

El abuelo del menor relató que el niño sufrió golpes fuertes en la cabeza, lo que le provocó un derrame cerebral. “Nunca pensamos que era una pelea real. Creímos que era un entrenamiento. Luego de eso, se puso mal y los médicos no pudieron salvarlo”, contó entre lágrimas.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y la posible responsabilidad de los organizadores del gimnasio.

De comprobarse que existió lucro mediante apuestas o participación de menores, los involucrados podrían enfrentar sanciones por corrupción de menores, lesiones o incluso homicidio culposo.

Multas y sanciones municipales

Además de la clausura inmediata, la AMC informó que el propietario del local podría recibir una multa de hasta USD 3 760, de acuerdo con el Código Municipal de Quito.

Las autoridades también evaluarán si se incurrió en infracciones urbanísticas o de uso de suelo, dado que el inmueble operaba en una zona residencial sin autorización para actividades comerciales.

Los vecinos de San Miguel del Común habían denunciado que el gimnasio llevaba meses funcionando sin control. El caso ha reabierto el debate sobre la regulación de los espacios deportivos informales y la necesidad de fortalecer la supervisión municipal.

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