“Siento coraje e impotencia al saber la crueldad con la que los militares actuaron contra mi hijo y los otros tres niños. Ellos no eran delincuentes, quiero que eso quede claro. Trato de tener resignación y dejar todo en manos de Dios”, expresó Ronny Medina, padre de Steven, el niño de 11 años que, el pasado 8 de diciembre, fue retenido junto a otros tres menores por miembros de las Fuerzas Armadas y embarcado en dos camionetas.

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Ronny relató que el asesinato de su hijo menor (el más pequeño de sus cinco hijos) se ha convertido en una pesadilla de la que aún no logra despertar. A cada instante, su mente regresa a los recuerdos de su pequeño riendo o jugando su deporte favorito: el fútbol. Sin embargo, esos momentos felices se ven empañados por las imágenes de cómo fue golpeados por los militares, “sin importarles que se trataba de un niño”, mencionó.

“Las personas responsables de la muerte de los cuatro niños debieron protegerlos, porque pertenecen a una institución armada. Los dejaron botados”, cuestionó.

“Ahora, las diligencias judiciales y los testimonios de los involucrados han empezado a esclarecer lo que realmente ocurrió. Nosotros no podemos hacer justicia con nuestras propias manos. Prefiero dejarlo en manos de Dios, confiando en que se hará justicia aquí en la Tierra”, añadió el progenitor de Steven.

A la última reconstrucción no asistieron familiares

A las 00:00 de ayer concluyó la instrucción fiscal en contra de los 16 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados por el delito de desaparición forzada.

Durante la fase investigativa se han realizado dos reconstrucciones de los hechos: la primera el pasado 16 de marzo y la más reciente el domingo 27 de abril.

En esta última diligencia, cuatro de los militares procesados revelaron cómo se produjo la captura de Steven, Ismael, Josué y Nehemías, y detallaron el grado de participación de cada uno de los uniformados.

A esta reconstrucción no asistieron los familiares de los menores de edad, cuyos cuerpos fueron localizados el 24 de diciembre en un manglar.

Las víctimas fueron sepultadas el 1 de enero pasado.

El dolor y la impotencia que siente Ronny también embargan a Luis Arroyo y Katty Bustos, padres de Ismael (15 años) y Josué (14). Luis manifestó que han optado por no ver noticias ni estar pendientes de las redes sociales, ya que cada publicación les provoca más angustia, al conocer el sufrimiento que vivieron sus hijos y sus amigos.

“Mi esposa no logra salir de la depresión. A veces prefiere no hablar con nadie. En la reconstrucción se revelaron actos de tortura cometidos por los militares. Mis hijos fueron golpeados. Parece que con cada revelación volvemos a revivir toda esta desgracia que no termina”, expresó Luis.

“Han pasado ya cuatro meses y parece que fue ayer cuando ocurrió toda esta desgracia”, comentó Ronny.     

"Los obligaban a confesar vínculos con bandas delictivas”

Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil y patrocinador de las familias, informó que el miércoles se realizó una audiencia reservada en la que se periciaron dispositivos tecnológicos como pruebas claves. Entre ellas, un video grabado por uno de los militares muestra actos de tortura cometidos contra los cuatro menores: fueron obligados a desnudarse, arrodillarse con las manos en la nuca y golpeados brutalmente. Uno de ellos fue estrangulado hasta quedar inconsciente.

También se confirmó que uno de los adolescentes sufrió una herida en la cabeza tras ser golpeado con la trompetilla de un arma. “Fueron arrojados al balde de una camioneta y golpeados mientras los obligaban a confesar vínculos con bandas delictivas”, indicó.

El video mencionado, grabado por uno de los cuatro militares cooperantes, incluye incluso una selfie tomada junto a otros militares, en la que al fondo se observan a los menores reducidos en posición fetal. Esta prueba audiovisual fue entregada a las autoridades el mismo día en que se realizó la segunda reconstrucción de los hechos, el pasado domingo 27 de abril, y se encuentra ya bajo cadena de custodia.

Los 16 militares están siendo procesados por desaparición forzada, delito que podría acarrear penas de hasta 34 años y ocho meses, debido a agravantes como la edad de las víctimas, el uso del poder estatal, la nocturnidad y la intención de lograr impunidad.

Entre los procesados hay 15 miembros de tropa, un subteniente y un teniente coronel; este último vinculado al proceso por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de evidencias y por haber organizado operativos no autorizados por la Fiscalía.

“Cuatro de los militares se acogieron a la cooperación eficaz. Sus penas podrían reducirse, aunque no de forma significativa, debido a la gravedad del caso. Para este tipo de casos, por su gravedad y los múltiples agravantes, no debería contemplarse ningún tipo de indulto”, concluyó Aguirre.