Desde las 07:00 de este jueves 31 de julio de 2025, agentes del Departamento de Medicina Legal y personal del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciaron el traslado de 43 cuerpos que permanecían en uno de los tres contenedores del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, ubicado en la avenida Rodríguez Bonín.

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Los uniformados, equipados con trajes biotérmicos, colocaron los cadáveres en vehículos oficiales de Medicina Legal, que partieron hacia un cementerio en un cantón de la provincia del Guayas, donde fueron inhumados.

Una fuente cercana al proceso explicó a Diario EXTRA que la remoción se realizó por la falta de capacidad en los frigoríficos del centro forense, donde solo uno de los contenedores funcionaría con normalidad.

“Los cuerpos pueden descomponerse y generar una situación como la de junio de 2024, cuando hubo olores nauseabundos y signos visibles de putrefacción. Antes de ser inhumados, cada cadáver fue sometido a identificación mediante huellas dactilares. Todos tienen un código asignado para su sepultura”, indicó la fuente.

Pasadas las 08:00, un equipo periodístico de EXTRA presenció la salida de cuatro vehículos de Medicina Legal con los cuerpos embalados en fundas térmicas especiales.

Contexto previo

En junio de 2024, el Servicio Nacional de Medicina Legal reportó fallas eléctricas que afectaron los contenedores forenses, lo que, sumado al aumento de muertes violentas en el país, provocó el colapso del sistema. En esa ocasión se trasladaron cerca de 200 cuerpos a cementerios de Guayaquil y cantones cercanos.

De forma similar, el 6 de febrero de 2025, se retiraron 47 cadáveres del mismo centro forense y fueron inhumados en un camposanto de la provincia de Los Ríos.

¿Quiénes fueron inhumados?

Una fuente reveló que los cuerpos trasladados este 31 de julio correspondían a 25 ingresados en marzo y 18 en abril de este año. De ellos, solo 11 estaban identificados; los otros 32 permanecen como NN (no identificados).

Procedimiento legal

El coronel Henry Javier Coral Ramos, director nacional de Investigación Técnico-Científica, explicó que la inhumación de cuerpos no identificados o no retirados por familiares puede ejecutarse a partir del primer mes sin requerir autorización fiscal. Esto se basa en un acuerdo interministerial con el Ministerio de Salud Pública y en la normativa vigente.

“Se extrae ADN y se realiza toda la documentación correspondiente. Esto permite que más adelante, si aparece un familiar, se pueda proceder a la identificación y entrega del cuerpo”, detalló Coral.

Los cadáveres son enterrados en nichos individuales, numerados y bajo custodia del Estado. En caso de ser reclamados, se requiere autorización fiscal para su entrega.

“No es adecuado que los cuerpos permanezcan almacenados indefinidamente. Lo más sano y humano es que estén en un cementerio”, agregó el coronel.

Aclaró que entre los cuerpos puede haber personas privadas de libertad y que el origen o situación legal no influye en el tratamiento del cuerpo.

Inhumaciones planificadas

Coral precisó que este procedimiento se realiza también en otras ciudades como Quito, y que no es inmediato, ya que requiere trámites administrativos y una cantidad mínima de cadáveres (entre 10 y 15) para organizar una jornada de inhumación colectiva. Desde julio de 2024 se han ejecutado tres operativos de este tipo: en ese mes, en febrero de 2025 y ahora en julio.

Versión oficial

El Servicio Nacional de Medicina Legal también se pronunció oficialmente, indicando que el traslado e inhumación de los cuerpos corresponde a personas que no fueron retiradas por sus familiares o que permanecen sin identificación. Aclararon que no se trata de “cuerpos abandonados”, sino de un procedimiento técnico planificado conforme a lo dispuesto por la autoridad competente.

“Las inhumaciones se realizan bajo estrictos protocolos institucionales, garantizando el respeto a la dignidad humana en todo momento. Los cuerpos son sepultados en espacios previamente individualizados y con el correspondiente registro de ubicación”, informó la entidad.

Además, estas acciones se desarrollan en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación Técnico-Científica Policial (DINITEC), dentro de los protocolos establecidos para preservar la cadena de custodia.

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