Ecuador ha reformulado su estrategia legal sobre el consumo de drogas personales con la eliminación de la tabla que definía las cantidades permitidas para el porte. Esta medida forma parte de una reforma más amplia impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que incluye una nueva Ley de Solidaridad con impacto directo en el sistema judicial y sanitario.

El cambio, vigente desde finales de 2023, ha transformado los criterios utilizados para distinguir entre consumo y microtráfico. Aunque el país ya no cuenta con gramajes establecidos, las autoridades han desarrollado nuevas herramientas para que fiscales y jueces tomen decisiones caso por caso, en un intento por cerrar vacíos legales y evitar el uso indebido de antiguas normas por parte de redes delictivas.

Derogación del sistema anterior y transición judicial

La tabla de consumo, implementada en 2013, fijaba los límites máximos que una persona podía portar sin ser acusada de tráfico. Sin embargo, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, esta herramienta fue oficialmente derogada en noviembre de 2023. Con su eliminación, surgió la necesidad de establecer nuevos parámetros para interpretar la tenencia de sustancias.

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Para cubrir ese vacío normativo, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió una resolución que orienta a jueces y fiscales en la evaluación de cada caso. El nuevo enfoque deja de lado las cantidades específicas y propone una valoración integral que incluye análisis psicosociales, el contexto personal del individuo y la naturaleza de la sustancia encontrada.

Aunque el Estado dejó atrás el sistema de gramajes, el Ministerio del Interior ha difundido una “Guía de Consumo” que actúa como referencia orientadora. Esta guía no estipula límites cuantitativos, pero ofrece criterios para que los operadores de justicia valoren con mayor precisión la condición de los ciudadanos implicados.

“La tabla fue mal utilizada por mafias para camuflar el microtráfico. Ahora, cada caso será evaluado con mayor rigurosidad y enfoque humano”, indicó un vocero del Ministerio de Gobierno, al justificar la necesidad de estos nuevos lineamientos.

El eje central de la reforma

La reforma legal se articula principalmente en la Ley de Solidaridad, que además de su propósito central de fortalecer el sistema de salud y asistencia social, contempla medidas específicas sobre consumo de drogas. La normativa introduce un cambio de enfoque: promueve la rehabilitación y reintegración de consumidores en lugar de su criminalización automática.

Como parte de esta nueva perspectiva, se establece que la antigua tabla de consumo se transformará en “parámetros referenciales”. Estos elementos servirán de guía flexible para que las autoridades judiciales puedan diferenciar entre consumo personal y microtráfico.

Organismos responsables y sanciones vigentes

De acuerdo con lo dispuesto, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura serán los encargados de definir los criterios técnicos que delimiten el uso personal de sustancias prohibidas. En adelante, cada caso deberá ser evaluado individualmente con base en pruebas clínicas, informes sociales y otros factores relevantes.

A pesar del nuevo marco, el tráfico de drogas continúa siendo un delito sancionado con firmeza. Las penas previstas para quienes incurran en esta actividad oscilan entre los 5 y los 13 años de prisión, dependiendo de la cantidad de sustancia y el tipo de delito cometido.

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