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Alarmante cifra de asesinatos de menores: ¿Qué pasa con las víctimas colaterales?
En ecuador, 272 menores de edad fueron asesinados en este año, en un contexto de violencia criminal. Este es el drama y análisis del caso
Los cuatro niños asesinados por error en diciembre de 2023, en la cooperativa Guayas y Quil, en el Guasmo, al sur de Guayaquil, son solo una cifra más para las autoridades: cuatro de los 356 menores de edad que murieron violentamente en 2023 a escala nacional.
Para Olga, su abuela y quien también participó en su crianza, representan sueños sin cumplir, amor que no regresará y noches interminables de llanto que, hasta el cierre de esta edición, siguen sumidas en la impunidad.
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Aunque han pasado 18 meses desde la tragedia que enlutó a su familia, Olga recuerda con precisión los detalles del proceso judicial, el cual fue cerrado después de que declararon inocente al único detenido por el múltiple crimen: alias Borreguito, quien solo asistió a una de las cuatro audiencias que debía enfrentar.
“Y esa única fue por Zoom (plataforma de reuniones virtuales). Las siguientes no se realizaron porque el juez estaba enfermo, luego fue la secretaria quien estuvo indispuesta y, al final, dijeron que no había cómo trasladarlo porque estaba en una cárcel fuera de Guayaquil”, relata sin resentimiento, porque ha sido Dios quien ha calmado su dolor.
“Uno puede escapar de los hombres, esconderse debajo de las piedras, pero de Dios jamás. Sé que el caso de mis nietos y mi nuera (porque la madre de los menores también fue acribillada en el atentado) pudo haber tenido otro final. Les ruego a las autoridades que, por todos los niños que han muerto en las mismas condiciones, no nos desamparen”, suplica la abuela, quien insiste en que el pésame de algunos funcionarios públicos, como el del general de la Zona 8 que estaba a cargo en ese momento, no sirve de nada si no viene acompañado de acciones del Estado.

A los nietos de Olga se suman Jimmy (de 5 meses), Ana (5 años), Liam (2), Jordana (7) y Liam de Jesús (8), quienes fueron víctimas colaterales de ataques armados ocurridos entre enero y abril en la provincia de Manabí.
Esta región, junto con Santo Domingo de los Tsáchilas (Zona 4), ha registrado 33 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en lo que va de este año. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2025 se reportaron 272 muertes violentas de menores de edad a nivel nacional. De estas, 21 corresponden a niños de entre 0 y 12 años, y las otras 251 a adolescentes de entre 13 y 17 años.
Experto asegura que el Estado está en deuda con los menores
Para Farith Simon, catedrático de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, reconocido por su defensa de los derechos de la niñez, este grupo poblacional está sometido a múltiples formas de violencia, a las que ahora se suma la criminal.
Según explica, el problema tiene un agravante: es imposible prever las consecuencias, como las muertes indirectas. Advierte que estas cifras reflejan una deuda histórica del Estado ecuatoriano, que se agravó desde que se desmanteló el sistema especializado en niñez y adolescencia como resultado de la Constitución de 2008. Desde entonces, dice, el Estado no ha cumplido su obligación de prevención y protección integral de este grupo vulnerable.
Aunque reconoce que la violencia criminal limita la libertad y seguridad de toda la población, sostiene que los niños y adolescentes son los más afectados, pues tienen menos herramientas para defenderse de estas amenazas.
Por su parte, Wilmer Suárez, sociólogo y director del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), señala que este fenómeno no debe entenderse solo como un problema de seguridad, sino como una expresión del abandono estatal en varios niveles.
“El fenómeno criminal es estructural. La construcción de cárceles, el porte de armas por parte de civiles y los continuos estados de excepción no han solucionado nada”, sostiene.
A su juicio, el Estado ha perdido el control del territorio y, con ello, el monopolio legítimo del uso de la fuerza. “Se supone que el Estado es el único autorizado para ejercer la fuerza letal, pero ya no es así. La narcocriminalidad está ganando la batalla”.
La protección y prevención son claves en la seguridad de los NNA
Según el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, el Estado, junto con la familia y la sociedad, debe garantizar la protección y exigibilidad de todos los derechos de los menores de edad.
En esa línea, el legislador Raúl Chávez, vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, explica que en la agenda legislativa se contempla la fiscalización de casos de vulneración de derechos de menores. Coincide con Simon y Suárez en que para reducir esta “escandalosa” cifra (como la calificó) se deben impulsar reformas integrales.
“Hay que trabajar desde un enfoque preventivo y educativo. Por eso, entre otras cosas, he propuesto una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para incluir la psicología del desarrollo en la formación de los jóvenes desde temprana edad”, indica Chávez.
¿Leyes más duras podrían resolver el problemas? Esto dicen expertos
Tras la aprobación reciente de la Ley de Integridad Pública, que castiga a los adultos que utilicen a menores de edad para cometer delitos, Simon advierte que esta medida no crea un equilibrio real entre castigo y protección. “Es populismo penal que busca responder a la demanda social de mano dura”. Según él, esta ley no ayudará a disminuir el reclutamiento de niños por parte de las bandas delictivas.
Ante la consulta de este Diario sobre posibles reformas que aumenten las penas para quienes cometan crímenes contra menores, Simon es enfático: “Las normas no modifican la realidad. Lo que cambia la realidad son las acciones efectivas, como sancionar a los responsables”.
Y concluye: “La eficacia es más importante que aumentar las penas. La solución implica una reforma profunda del sistema penal. Aunque es una tarea compleja, no podemos renunciar a la esperanza de construir un mejor sistema de justicia y protección”.
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