En su desesperación por salvar la vida del cantante Alejandro Montes de Oca, conocido como el Jessi Uribe ecuatoriano, sus allegados desembolsaron a los secuestradores 8 mil dólares, monto inferior a los $ 20 mil que inicialmente exigían. Este monto fue pagado en cuatro cuentas diferentes, distribuido en tres transacciones de $ 2.000 y dos de $ 1.000, según consta en documentos del caso a los que EXTRA tuvo acceso.

Sobre esta situación, la Policía Nacional no se ha pronunciado. Por eso, aún se ha podido despejar si la liberación del artista, ocurrida el martes 4 de febrero de 2025, fue por presión de los investigadores o porque los delincuentes, quienes han sido identificados como integrantes del grupo de delincuencia organizada Chone Killers, cedieron tras las transferencias.

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Alejandro Montes de Oca fue llevado a Durán

La estructura criminal vinculada al secuestro tiene su base en Durán, localidad a la que fue llevada la víctima tras el plagio (ver infografía), específicamente al sector El Arbolito, una zona de alta peligrosidad y de difícil acceso para personas ajenas a este territorio, ubicado en el norte del cantón ferroviario.

Amenazas de parte de secuestradores

Tras el secuestro de Alejandro Montes de Oca, los criminales enviaron mensajes intimidantes a una de sus personas allegadas, desde un número colombiano con el nombre ‘Muerte a los falsos’, en los que le hacían algunas advertencias, como las siguientes: 

• “Si es que usted llama a la ley se muere”.
• “Tenemos contactos en la policía que nos informan todo”.
• “Por lo que veo, no vas a colaborar y quieres es no más que así sea en órgano lo cobremos...” (sic).
• “Apenas la ley esté contigo, se muere ese man”.
• “Tranquila, que si pasa de medio día se muere ese perro...”. Esto fue en respuesta a la dificultad de manejar una cuenta donde, al parecer, podrían contar con dinero.

Sospechosos de secuestro enviados a la Regional

Los cuatro adultos fueron procesados por el delito de secuestro extorsivo, tipificado en el artículo 162, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ellos podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión si se demuestra su responsabilidad en el delito.

En la diligencia se decidió que durante la etapa de instrucción, que duraría 30 días, ellos permanezcan con prisión preventiva en la cárcel Regional, del Puerto Principal.

La prueba de vida

La imagen en la parte superior es una impresión a blanco y negro de la fotografía realizada a la imagen que los secuestradores enviaron a los allegados, como prueba de vida, a través de un mensaje de WhatsApp. Con esta buscaban presionar el pago por el rescate, bajo amenazas de no atentar contra su integridad.

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