Este viernes 13 de junio de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, deberá presentarse ante la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito para participar en la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Triple A.

Esta diligencia, que fue convocada por el juez Renán Andrade Castillo, se desarrollará de forma presencial durante seis días consecutivos, incluyendo fines de semana: 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio. En ella se analizarán los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, así como varias solicitudes de revisión de medidas cautelares, entre ellas la del propio Álvarez.

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El caso penal investiga presuntas irregularidades en la comercialización de diésel subsidiado, a través de empresas vinculadas al sector hidrocarburífero. La Fiscalía sostiene que existieron inconsistencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.

Aquiles Álvarez también espera otra audiencia

Mientras el proceso penal avanza, otro frente judicial se mueve en paralelo. En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también está en curso un proceso en contra del alcalde porteño, por supuesta infracción electoral relacionada con uso indebido de recursos públicos.

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Sobre ese caso, el abogado defensor Roberto Kon explicó que, tras la presentación de descargos, el siguiente paso es que el TCE designe a un perito y posteriormente convoque a una audiencia pública, previa a una resolución de primera instancia por parte del organismo electoral.

De esta forma, junio se perfila como un mes clave para la situación judicial y política de Aquiles Álvarez, quien enfrenta investigaciones desde dos frentes distintos: uno en el ámbito penal ordinario y otro en el electoral. 

¿Qué es el caso Triple A?

El caso Triple A se centra en una investigación por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados, en particular diésel, que implica a aquiles Álvarez y algunas empresas. La Fiscalía, basándose en una denuncia de julio de 2024 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presuntamente identificó discrepancias significativas entre el combustible despachado por Petroecuador y el facturado por estaciones de servicio, muchas ubicadas en zonas fronterizas y mineras.

Según la hipótesis fiscal, se habrían desviado millones de galones de diésel subsidiado hacia segmentos no autorizados, generando un perjuicio económico al Estado. Por ejemplo, una estación habría adquirido más de 7 millones de galones, pese a tener capacidad para solo 10.000. 

La Fiscalía ha formulado cargos por el delito tipificado en el artículo 265 del COIP, que sanciona el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos, y pide penas de hasta cinco años de prisión.  

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